::.Síganos también  en--.>

Copyright 2010. All Rights Reserved. www.revistaelmetro.com

Cortesía

        Este espacio está reservado
     para su publicidad.
     Llámenos al 3186062855 o
     escríbanos a
     juancardila@gmail.com

Haga click aquí >>>




Andrés Betancourt González


     CARTAGENA
Por presuntas irregularidades en varios procesos contractuales de la Alcaldía de Cartagena
Cogen vuelo denuncias de la Sociedad de Ingenieros y Arquitec-
tos de Bolívar y de la Cámara Colombiana de Infraestructura




















Varios procesos contractuales ade-
lantados por el Distrito que podrían
estar plagados de irregularidades,
según han señalado algunos gre-
mios locales y nacionales y el pro-
pio Secretario de la Transparencia,
movieron a la Superintendencia de
Industria y Comercio a realizar una
sorpresiva visita de inspección a dis
tintas dependencias de la Alcaldía.
Desde abril de 2014, en distintos escenarios se asegura, eufemísticamente, que los procesos licitatorios para la ejecución de obras públicas en Cartagena no son propiamente los más transparentes (<<< leer 'Gremios y veedurías le piden al alcalde que revise los procesos licitatorios').

Para esa época se dijo que un alto funcionario de la Alcaldía: el entonces secretario de Infraestructura, Ramón León Hernández, se reunía en distintos lugares con unos supuestos veedores, casualmente los mismos que, desde esos días, el control social que ejercen sobre el Distrito consiste en avalar la transparencia con que, según ellos, ha actuado en todo momento el gobierno de Dionisio Vélez.

Los días pasaban y cada vez los señalamientos eran más concretos. Durante un foro sobre 'Democracia y Control Social' realizado en el salón de sesiones de Fenalco, la directora (e) de la Corporación Cartagena Visible -CCV, Dora Valencia Alfaro, con nombres propios, habló de "la presencia en la Administración Distrital de asesores que podrían estar direccionando, a favor de ciertos y determinados intereses, algunos de los procesos contractuales en curso", y días después el entonces presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -SIAB, Alfredo Pineda Corena, en carta enviada al alcalde Dionisio Vélez Trujillo, lo previno sobre un proceso licitatorio en particular: el No. 004 de 2013, sobre el cual tenía serias inquietudes. Según Pineda, el hecho "amerita una revisión urgente... lo cual redundaría en beneficio de los intereses de (...) los pequeños contratistas... y para los de la propia administración, que podría verse incursa en actos contrarios a las normas vigentes de contratación" (<<< leer 'Quejas de ingenieros por aparente direccionamiento en licitaciones del Distrito, a conocimientos de las 'ías'').

En todos los casos, sin embargo, los funcionarios distritales le restaron importancia a las quejas ciudadanas. El secretario de Infraestructura de la época, el ingeniero electricista Ramón León Hernández, señaló en todo momento que las mismas "carecen de fundamento". Cada día, no obstante, las inquietudes eran mayores (<<< leer 'Cuestionan procesos contractuales en la Alcaldía de Cartagena').

Después vendrían las documentadas denuncias del influyente dirigente gremial Juan Martín Caicedo Ferrer (<<< leer 'Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura denuncia lo que en Cartagena se viene cuestionando desde hace meses').

Más tarde fue el secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso Vanegas, a quien le parecieron escandalosos los señalamientos del presidente de la CCI y, sobre todo, le llamó la atención que, en esas circunstancias, se haya autorizado la búsqueda de recursos por $250.000 millones de vigencias futuras extraordinarias. "No nos deja de preocupar la transparencia de la forma de ejecución de este presupuesto", dijo el alto funcionario a los medios de comunicación (<<< leer 'Tras denuncias sobre corrupción en la contratación estatal, la Presidencia y la Procuraduría ponen lupa a procesos licitatorios').

Y en estos, como en los anteriores casos, la Administración desestimó las advertencias del dirigente gremial y del Zar Anticorrupción.

Y ahora, el nuevo escándalo se da porque, ante todos los hechos anteriores y una serie de pruebas documentales aportadas por varios ciudadanos, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC - haya realizado una sorpresiva visita de inspección a varias dependencias de la Alcaldía, entre ellas las Secretarías de Educación y de Infraestructura.

Para muchos, la noticia es que algunos funcionarios no hayan atendido con la debida diligencia a los funcionarios de la SIC (<<< escuchar en W-Radio 'Por negligencia de Alcaldía de Cartagena, no se realizó inspección de la SIC).

Para otros, por su parte, lo importante es que al fin una entidad de control: la Superintendencia de Industria y Comercio, haya asumido la investigación por la serie de presuntas irregularidades denunciadas, y que al frente de esta entidad esté un funcionario como Pablo Felipe Robledo del Castillo, quien fuera viceministro de Justicia y se le recuerda, entre otros sonados casos, por haber sido quien, desde la SIC, impuso una drástica sanción al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por haber violar la Ley de Libre Competencia al implementar el nuevo esquema de aseo.

Justamente, de acuerdo con lo que este portal ha podido establecer, en cumplimiento de su misión institucional, la SIC investiga, entre otros hechos, la presunta violación a los "esfuerzos que desarrollan los agentes económicos" (en el caso de Cartagena los ingenieros constructores que no pueden participar en los procesos licitatorios por los presuntos amañamientos denunciados) "que, actuando independientemente, rivalizan buscando la participación efectiva de sus bienes y servicios" (<<< leer 'Qué es la Libre Competencia').

Los funcionarios distritales, sin embargo, por lo que ha podido saberse, continúan desestimando las advertencias, los señalamientos y  las denuncias de varios sectores ciudadanos, de algunos dirigentes gremiales, del Zar Anticorrupción y ahora de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para el secretario de Infraestructura encargado, Mario Ramos Jr., el procedimiento de la SIC es irregular porque "se hizo a último momento".
Dionisio Vélez y Mario Ramos