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Marzo 13 de 2016

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     CARTAGENA



La Defensoría del Pueblo lanza angustioso
S.O.S. por las familias de la vereda La Púa

La Defensoría del Pueblo lanza angustioso S.O.S. por las familias de la vereda La Púa


Ante el alarmante estado de indefensión en que se encuentran 32 familias que viven en
condiciones de extrema pobreza en la vereda La Púa, corregimiento de Arroyo de Piedra,
a escasos 30 minutos del casco urbano de Cartagena, el Ministerio Público anuncia la ins
tauración de acciones judiciales -penales y disciplinarias - contra los agentes del Estado
que han omitido su deber de proteger los derechos fundamentales de la población.







Por estos días, la noticia más recurrente en los medios de comunicación nacionales y regionales, y aún en muchos de los locales, es la penosa situación que padecen los niños de La Guajira, centenares de los cuales han muerto -según se dice en forma general - como consecuencia de una aguda desnutrición.

Pero a los pobladores de muchos barrios de las zonas Suroriental y Suroccidental y algunas comarcas del área rural de Cartagena ese drama no les es ajeno.

Por ejemplo, en la vereda La Púa, corregimiento de Arroyo de Piedra, a escasos 30 minutos de Cartagena, 32 familias habitan -en su mayoría - en ranchos construídos rudimentariamente con palos y bolsas plásticas, cuyos integrantes, principalmente los niños, no tienen prácticamente qué comer.

Viviendo prácticamente a la intemperie, los habitantes de esta vereda son víctimas frecuentes de mordidas de animales de todo tipo, particularmente arañas y serpientes. Algunos de los 64 niños que viven hacinados en los cambuches de La Púa han tenido que ser llevados de urgencia a puestos de salud localizados a más de tres kilómetros del lugar, a los cuales se accede a través de un camino destapado.

De acuerdo con un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo de Bolívar, "al menos 20 de las 32 familias se encuentran en condiciones de alto riesgo, dados los efectos de la sequía, la falta de alimento, su hábitat prácticamente a la intemperie, la ausencia de ayudas correspondientes a los aportes nutricionales para primera infancia, la incertidumbre respecto al inicio de los programas de alimentación escolar y las distancias (un poco más de 3 kilómetros) que deben recorrer los niños para asistir al único establecimiento educativo ubicado en esa jurisdicción".

Mientras la mirada del país está puesta en la dramática situación de La Guajira y los miles de niños que padecen de hambre y de sed, el Ministerio Público ha puesto sus ojos -también - en la situación de los pobladores de la vereda La Púa. 

Como quiera que, a pesar de la existencia de dos sentencias que tutelan los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, la dignidad humana y la integridad física, sicológica y moral de la población, ni la Alcaldía de Cartagena, ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, ni la Unidad de Víctimas ni el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, han dispuesto la asistencia y el cumplimiento de lo ordenado judicialmente, la Defensoría del Pueblo instaurará contra estos un incidente de desacato y las condignas acciones judiciales de carácter penal y disciplinario.

Dos sentencias judiciales: una fechada el 12 de junio, del Juzgado Décimo Tercero Oral Administrativo del Circuito de Cartagena, y otra el 28 de julio de 2014, del Tribunal Administrativo de Bolívar, han sido incumplidas por los agentes del Estado accionados, o al menos la atención ordenada "ha sido parcial y en todo caso insuficiente", como lo advierte el mismo Ministerio Público.

En diálogo con este portal, la defensora del Pueblo Regional, Irina Junieles Acosta, lamentó que los actores estatales se estén pasando la pelota unos a otros.

"Hubo avances, entre ellos el hecho de que el ICBF se comprometiera a atender primordialmente a la primera infancia, haciendo visitas periódicas para garantizar la efectiva atención; y se logró -además - que el Incoder se comprometiera a realizar una titulación colectiva", señaló la funcionaria. "Sin embargo, lo primero no ha sido suficiente, y lo segundo no se ha concretado, y nos tememos que, como esta última entidad está en proceso de liquidación, la titulación de los terrenos se aplace indefinidamente".

De acuerdo con Junieles Acosta, el Incoder se comprometió a comprar un predio para la reubicación de las familias de la vereda La Púa, ya que la titulación proyectada se venía dilatando por la serie de oposiciones presentadas por interesados. Asimismo, "la Alcaldía atendió la ayuda humanitaria, pero sólo hasta agosto del año pasado, coincidiendo con el periodo de mayor sequía".

La Alcaldía, por intermedio de la Secretaría del Interior, citó a una reunión para este martes (15 de marzo), agregó la defensora del Pueblo Regional; y ayer (sábado 12 de marzo) "acompañamos a unos funcionarios de la Unidad de Víctimas hasta el lugar, donde pudieron constatar la gravedad de la situación".

Justamente, mientras los funcionarios pasaban revista a la dramática situación que padecen los pobladores de la vereda La Púa, una familia tuvo que trasladar de urgencia a uno de sus integrantes hasta un centro hospitalario en el casco urbano de Cartagena. "En la madrugada ya habían salido con otra persona", manifestó Junieles; "es que todas las familias tienen uno o dos enfermos, por eso se hace necesario organizar una brigada de salud que les preste inmediata atención". "Día a día la situación empeora", señaló, preocupada, la representante del Ministerio Público, "la fuerte brisa, el tierrero, la mala alimentación, la sequía, todos son factores que agravan la situación, en especial de las 20 familias que nosotros detectamos como las de mayor riesgo".

Víctimas de la violencia

Pero la sed, el hambre y las precarias condiciones en que sobreviven, que los vuelven propensos a adquirir todo tipo de enfermedades, no es el único problema que padecen los pobladores de La Púa.

De acuerdo con fuentes confidenciales: un líder cívico de Arroyo de Piedra, un exfuncionario de la Secretaría del Interior del Distrito y un asesor de la Unidad de Víctimas de la Gobernación de Bolívar, uno de los dramas que aún sufren varios de los miembros de las 32 familias de la vereda "es el miedo, el físico miedo, el horror a seguir siendo víctimas de los criminales que los han amenazado todo el tiempo", como denunció uno de ellos.

"Varias de estas familias fueron desplazadas de los Montes de María, y algunos son sobrevivientes de las masacres de Mampuján y El Salado", aseguró una de las fuentes.

De acuerdo con los tres personajes consultados, el desplazamiento los llevó hasta el corregimiento de Arroyo de Piedra, pero hace varios años unos individuos armados los obligaron a trasladarse hasta las orillas de la Vía al Mar, desde donde otra vez, por nuevas amenazas, se vieron forzados a buscar un nuevo lugar donde construir sus cambuches.

Según las fuentes, algunas entidades del Estado, entre ellas la misma Defensoría del Pueblo, lograron que se les permitiera la instalación temporal en el sitio que hoy ocupan.

"Por un lado, la idea era que esa ocupación fuera temporal, pero ya va para varios años y el Estado no cumple su obligación de trasladarlos de manera definitiva", señaló el líder cívico.

Para el exfuncionario del Distrito, sin embargo, lo grave es que muchos tienen miedo de seguir allí porque "esas tierras tienen problemas; en ellas hubo explotación minera, pero después llegaron una negociantes que, incluso, construyeron cerca una pista de aterrizaje ilegal; lo que entiendo es que la Nación hizo uso de la extinción de dominio y hoy varias familias reclaman que parte de esos terrenos son suyos. Este es otro de los 'chicharrones' que heredó este gobierno (de Manolo Duque Vásquez)".