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Bitácora Gobernación de Bolívar

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Ecos de la publicación de Semana
El poder de los García Romero

No ha habido quien no pregunte. Desde el sábado, cuando fue publicada en la web bajo el sugestivo título de 'La tenaza de los García Romero', la pregunta obligada -a través del BlackBerry, de las redes sociales, por celular, personalmente - ha sido: "¿Y cómo te pareció el artículo de Semana?

Ecos de un informe periodístico que
todos deben leer.
Deportes

Un informe publicado en la última edición de la revista Semana bajo el título de 'La tenaza de los García Romero', en el cual se afirma -a manera de abrebocas - que "el polémico clan García Romero con dos curules en el Senado le ha sacado todo el jugo al Estado en los últimos 20 años y ha sobrevivido a todo tipo de escándalos", ha sido la comidilla entre los dirigentes políticos, cívicos y gremiales de Cartagena y Bolívar

El artículo reseña que "las dos cabezas del clan, los hermanos Juan José y Álvaro el 'Gordo' García Romero, ambos senadores por varios periodos, han tenido líos con la Justicia. El primero fue condenado porque desvió auxilios parlamentarios. Al segundo también lo condenó la Corte a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo. Héctor, otro de sus hermanos, fue protagonista del escándalo de Chambacú. Y durante la Alcaldía de otro García Romero, Gabriel, se dieron escándalos como el del Puente Heredia, que se cayó a los pocos días de haber sido inaugurado. En un momento dado, tres de los García Romero (Álvaro, Juan José y Héctor) estuvieron condenados".

Así mismo, relaciona varios de los escándalos en los cuales se han visto envueltos -de manera directa - algunos de los miembros de la familia. Además de señalar la habilidad que han tenido en los últimos veinte años para contar con una notoria "influencia que les facilita obtener todo tipo de contratos con el Estado", la influyente revista recuerda, entre otros hechos, "la condena que le impuso la Corte Suprema... por el desvío de auxilios parlamentarios" a Juan José García; la condena de 40 años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia, por la masacre de Macayepo, a Álvaro 'El Gordo' García; la forma cómo 275.200 acciones de la Sociedad Portuaria Regional, a las cuales tenía derecho el entonces municipio de Cartagena, "quedaron en manos de Juan José y su esposa, la hoy senadora Piedad Zuccardi y sus hijos"; y el hecho de que "Héctor García Romero..., desde el cargo de gerente de Inurbe, "dejó lista la venta de los terrenos de Chambacú, los cuales le fueron después adjudicados a un consorcio en el cual él tenía el 15 por ciento y un tío de ellos, un 20 por ciento más".

De igual forma, señala que la familia García tiene varias empresas dedicadas a negocios en el sector de la salud: "una de las sociedades es Sumecar..., en la que hoy coinciden como socios el exalcalde Gabriel Antonio, su primo el exsenador Juan José y su esposa la senadora Piedad Zuccardi... y su hijo Juan José García Zuccardi. Sumecar provee medicamentos y equipos quirúrgicos al Dadis; a la ESE Cartagena y a Caprecom, entre otras entidades públicas"; que "otro gran frente del conglomerado García Romero es el de las obras públicas. En este rubro aparece el nombre de otro de los primos, Iván García Romero... en la concesión vial de Cartagena... la primera vía en el país, dentro de una ciudad, que se paga con peajes"; y que, tras hacer seguimiento a una sociedad: Promotora El Campín, descubrieron que esta "ha sido una de las contratistas favoritas para obras públicas, en teoría pequeñas, de gobernaciones y municipios, pero que juntas suman miles de millones de pesos". Según Semana, "si bien en su creación en 1998 no aparece ninguno de los García Romero, un año después quedó el 60 por ciento en manos del matrimonio García Zuccardi".

Remata su informe la revista asegurando que, en caso de haber elecciones este año a la Alcaldía, "la familia García Zuccardi ya le apuesta a dos candidatos: Alberto Bernal y Jorge Mendoza Diago", y que, "para continuar con su reinado: Juan José García Zuccardi sería el próximo senador en reemplazo de su mamá, Piedad Zuccardi, en las elecciones de 2014" (Leer 'La tenaza de los García Romero').

"¿Y cómo te pareció el artículo de Semana?"

Desde el pasado sábado, cuando el portal Semana.com publicó el detallado informe periodístico y Metro.com, por considerarlo de interés general, comenzó a distribuirlo a través de mensajes de texto, vía BlackBerry, WhatsApp, redes sociales y correos electrónicos, una constante ha sido la pregunta "¿y cómo te pareció el artículo de Semana?.

Y a todos la respuesta ha sido parecida. La nota, sin duda, refleja lo que en Cartagena muchos conocen, pero es claro que, seguramente por razones de espacio, quedaron por fuera varios hechos importantes que deben ser recordados.

De acuerdo con analistas, conviene conocer los casos en los cuales aparecen involucrados los hermanos y primos García Romero, pero también -en justicia - aquellos cuyos protagonistas son destacados miembros del grupo político de estos.

Dos casos del actual gobierno distrital son claros ejemplos de este aspecto. El de Chemical, por el cual la Contraloría General suspendió a la secretaria de Educación, Rosario Ricardo, y el denominado 'Carrusel de las Prescripciones' en la Secretaría de Hacienda, denunciado por el concejal Andrés Betancourt, que investiga la Fiscalía Seccional. Ricardo, como se sabe, es una de las figuras de mostrar de la casa García. Uno de los funcionarios que deberá responder por las denuncias de Betancourt, según se dice, es un recomendado de la concejal Duvinia Torres, también de los García (Leer "...descubren nuevas irregularidades en la Alcaldía).

Sobrecostos en ayudas a damnificados por la ola invernal

A mediados de 2011, en diferentes medios de comunicación, entre ellos Metro.com y Kienyke, se reveló que los órganos de control habían comenzado a investigar presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados para paliar, con el suministro de mercaditos y otras pequeñas ayudas, a los damnificados de la ola invernal en distintos municipios de Bolívar.

Según se denunció, más de 25.000 millones de pesos administrados por la Caja de Compensación Comfamiliar, cuyo destino era la atención de las víctimas, fueron entregados a una empresa Universal que había inflado los precios de los mercados. La Contraloría General de la República, por lo que se supo, "encontró que los sobrecostos superaron los 5.897 millones y conminó a la gobernación a que recupere el dinero perdido".

De acuerdo con lo que pudo establecerse, este caso le quita el sueño al exgobernador Alberto Bernal Jiménez, a quien la contralora Sandra Morelli le hizo un control de advertencia "por posibles sobrecostos superiores a 5 mil millones de pesos en la ejecución del convenio para la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados de la ola invernal de 2010 – 2011, y lo previene para la celebración o adición de convenios en desarrollo de la segunda fase" (Ver Carta de la Contralora). Bernal, como se sabe, es una de los más visibles integrantes de la Nueva Fuerza Liberal, el grupo político de los García Romero. 

Familia unida...

Entre 2006 y 2009, antes de las más fuertes temporadas invernales padecidas en el departamento de Bolívar en los últimos 50 años, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - Cormagdalena, suscribió contratos con Eduardo Hernández Peña por más de $28 mil 762 millones, para controlar las inundaciones en los municipios de su jurisdicción. Solo el 3 de febrero de 2010 se firmó un contrato con Hernández por más de $20 mil 151 millones, cuyo su objeto fue la "atención de emergencia a través de obras de control de inundaciones en los municipios: La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío, Yondó, Gamarra, La Gloria, Arenal, Regidor, Río Viejo, Honda y Puerto Boyacá". Curiosamente, los habitantes de esos 13 municipios padecieron el rigor de las inundaciones causadas meses después por la ola invernal. En el caso de Bolívar, en los municipios de Arenal, Regidor y Río Viejo, que aparecen entre los intervenidos, se registraron más de tres mil damnificados. "Toda esa plata se la tragó el río", denunciaron varios veedores.

Pero esos antecedentes no fueron suficientes para aprender la lección. El exgobernador de Bolívar, Alberto Bernal, poco antes de dejar el cargo, suscribió con el mismo Hernández un contrato por $1 mil 110 millones para ejecutar el taponamiento del sector 'Juana Sánchez' del chorro 'La Victoria', en Hatillo de Loba, una obra esencial para evitar que vuelvan a inundarse las poblaciones de la Depresión Momposina. Y finalizando diciembre, mientras se surtían los procesos de empalme, suscribió otro más por $9 mil 600 millones, también para obras en 'La Victoria', esta vez con un consorcio cuyo representante legal es el exsecretario jurídico de la Gobernación, José Julián Vásquez. Lo grave, según señaló el alcalde de dicho municipio, Oledis Arias, entrevistado por Metro.com, es que, a pesar de que este último contrato se suscribió en diciembre, las obras no arrancaron sino varios meses después "por un error en el encargo fiduciario".

El gobernador Bernal -de la casa García, como ya se dijo - adjudicó el millonario contrato a Hernández Peña a pesar de que, en numerosas ocasiones, varios medios de comunicación han denunciado el incumplimiento de dicho contratista justamente en obras similares (Leer "Cormagdalena entregó millonarios contratos que resultaron inútiles...")

Eduardo Hernández Peña, el cuestionado contratista, es pariente del ex senador Juan José García. El exsecretario jurídico de la Gobernación, José Julián Vásquez, según se conoce en los círculos políticos, es del grupo de los García Romero.

Hernández Peña ha sido -además - miembro de la junta directiva de EDURBE, la empresa que es investigada por presuntos hechos de corrupción, y actualmente integra la junta directiva de Transcaribe, cuyo actual gerente, José López Amarís, es un reconocido miembro de la casa García.












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