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Como un triunfo de la comunidad sandiegana fue calificada por varios de sus voceros la decisión de la Alcaldía de Cartagena y del empresario Juan Carlos Iglesias, más conocido como 'Juan del Mar', de no insistir en colocar unos bolardos en la mitad de las calles que circundan el Parque de San Diego.

Aunque se daba por sentado que, legalmente, las obras debían suspenderse, ya que el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar Wilson-White, había advertido que la entidad a su cargo "no ha dado autorización a ningún proyecto de restauración en la Plaza de San Diego localizada en el Centro Histórico de Cartagena", el anuncio de la Administración en el sentido de que -definitivamente - los bolardos no serían instalados, tranquilizó los ánimos de la comunidad, que se había declarado en pie de lucha en defensa de sus derechos ciudadanos.

De acuerdo con lo que este portal pudo establecer, con el fin de tener mayores elementos de juicio para sustentar su negativa a que el parque y sus vías circundantes fueran a entregarse a unos particulares para su explotación comercial, salvo que las que legalmente puedan ser arrendadas, algunos vecinos intentaron que se hicieran presentes el expresidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena, Danilo Contreras, y la Defensora Regional del Pueblo, Irina Junieles, en una reunión convocada por Juan Carlos Iglesias y el jefe de la Oficina de Espacio Público y Movilidad Urbana, Adelfo Doria, pero no fue posible contactarlos.

A Contreras, porque fue el abogado que, a nombre de la comunidad, interpuso dos acciones populares y una acción de tutela con el fin de evitar la apropiación indebida de varias áreas públicas en el barrio de San Diego, todas las cuales fueron falladas a su favor. Y a Junieles porque, en su condición de representante del Ministerio Público, tiene entre sus competencias defender los derechos colectivos que muchos sandieganos consideran que se les vienen vulnerando.

"Además", nos habría de decir una fuente de la propia Junta de Acción Comunal de San Diego, "porque la doctora Irina (Junieles) fue directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, y sabe como la que más que, primero, una calle no puede arrendarse, ni entregarse en concesión ni bajo ninguna figura, mientras no sea desafectada como tal, y eso lo hace es el Concejo, y que en todo caso cualquier intervención, como la que se hizo en el parque y comenzó a hacerse en las calles, debe ser autorizada previamente por el Ministerio de Cultura".

Según la misma fuente, "Danilo (Contreras) y la doctora Irina (Junieles) hubieran hecho claridad sobre un punto que ni Doria ni Juan del Mar quieren entender, y es que la Ley no se concierta, sino que se cumple. Ellos pretenden que concertemos que las calles puedan seguir ocupándose, pero resulta que la Ley no lo permite; así de sencillo. Una calle puede prestarse temporalmente, para un evento determinado, por un tiempo preestablecido, pero no puede permitirse su uso permamente para que sobre ellas se instalen unos negocios".

"Hay unas personas que les dan la razón a Doria y a Juan del Mar, como el esposo de Adelina Covo y la presidente de la Junta (de Acción Comunal), que trabajó en Tecnar y tiene un contrato en la Alcaldía, pero aquí el problema es legal y no de amiguismos", recalcó.

La queja de Castellanos

Luego de conocerse que los que pretendían instalar unos bolardos sobre unas calles habían desistido de su propósito, Metro.Com contactó a Fabio Castellanos, quien había pedido al alcalde Vélez suspender las intervenciones que se realizan en el Parque de San Diego y sus alrededores por no contar con los debidos permisos, y el abogado manifestó que "era de esperar que ello ocurriera", pero advirtió que el daño ya está hecho "puesto que taladraron la calle y cavaron unos hoyos, y realizaron unas modificaciones a la morfología del parque, nada de lo cual podían hacer, y ello amerita, según la Ley, una sanción disciplinaria".

Como se recordará, en su carta, Castellanos le recordó al alcalde que las calles, plazas y plazoletas del sector antiguo de la ciudad fueron declarados bienes de interés cultural a nivel nacional, y que "la competencia exclusiva" sobre estos "recae sobre el Ministerio de Cultura, con base a lo consagrado en el artículo 8 de la Ley 397 de 1997".

Y le advirtió que "el numeral 5 del Artículo 10 de la Ley 1185 del 2008 establece que "si la falta contra un bien de interés cultural fuere realizada por un servidor público, ella será tenida por falta gravísima, de conformidad con la Ley 734 del 2002". (<<< hacer click).



















En la nota 'La Alcaldía autorizará a unos particulares la explotación comercial de dos calles aledañas al Parque de San Diego', publicada ayer (29 de abril) por este portal, se aseguró que el expersonero Fabio Castellanos Herrera había publicado en las redes sociales que "la ocupación de vías públicas no se puede dar con carácter permanente" ya que "hacerlo sin haber sido desafectada la misma mediante Acuerdo Distrital es una ilegalidad total", y que "ahora toca verificar -además - si la intervención del parque (de San Diego) tiene permiso del Mincultura" (<<< leer nota completa).

No pasaron 24 horas y ya el también exprocurador Delegado para la Moralidad Administrativa verificó si las obras que adelantan unos particulares en uno de los más emblemáticos bienes patrimoniales del Distrito contaba o no con el debido permiso del Ministerio de Cultura.



Una vez constató que, en efecto, tal como suponía, las obras que un particular adelanta en el Parque de San Diego a cambio de que le permitan usufructuar comercialmente una franja del mismo no cuentan con el debido permiso de Mincultura, Castellanos envió una carta al alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, solicitándole suspender las refacciones que se realizan, así como la anunciada instalación de unos bolardos en la mitad de unas calles.

En su carta, Castellanos le recuerda al alcalde que "la Ley 163 1959, en su artículo 4, declara como monumento nacional el sector antiguo de la ciudad de Cartagena", y define "como sectores antiguos a las calles, plazas y plazoletas", así como las "murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc.", incluidos en el perímetro que tenía la ciudad durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

Le recuerda el precandidato a la Alcaldía al actual mandatario local que "la competencia exclusiva sobre los bienes de interés cultural a nivel nacional recae sobre el Ministerio de Cultura, con base a lo consagrado en el artículo 8 de la Ley 397 de 1997".

Y le advierte -además - que "el numeral 5 del Artículo 10 de la Ley 1185 del 2008 establece que "si la falta contra un bien de interés cultural fuere realizada por un servidor público, ella será tenida por falta gravísima, de conformidad con la Ley 734 del 2002".

La comunidad, en pie de lucha

De acuerdo con fuentes de la Junta de Acción Comunal de San Diego, ayer fueron citados por el propietario de varios restaurantes localizados en el barrio, el empresario Juan Carlos Iglesias, más conocido como 'Juan del Mar', con el fin de explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo que, según se dijo, "conviniera a las partes".

Se supo, de igual forma, que la posición de la mayoría de los miembros de la JAC es que el impasse surgido tras la pretensión de instalar unos bolardos en la mitad de las calles que circundan el parque, lo cual es abiertamente ilegal, "debe ser aprovechado de una vez por todas para que se restablezca el Derecho y no se siga invadiendo el espacio público como ha venido sucediendo", tal como manifestó Benjamín González, un vecino del sector.

"Precisamente, con el fin de que sea garante del cumplimiento de la Ley, propusimos que en las futuras reuniones participe la Defensora Regional del Pueblo, la abogada Irina Junieles, quien además fue directora del Instituto de Patrimonio y Cultura del Distrito y conoce como la que más los temas patrimoniales", señaló.

Sobre el hecho de que se haya intervenido el parque sin el debido permiso del Ministerio de Cultura, González expresó que se trataba de "un hecho sumamente grave, pero deberán ser los órganos de control los que se pronuncien sobre ello; lo que sí es claro es que la obra debe suspenderse inmediatamente.





























Tal como se ha dicho en reiteradas veces, con base en el Decreto 0356 del 27 de febrero de 2015, que se ampara, a su vez, en el Acuerdo 010 del 4 de agosto de 2014, "por el cual se reglamenta el espacio público distrital para su uso temporal y eventual", la Alcaldía de Cartagena podrá entregar en arriendo a los particulares, para efectos de explotación comercial, una porción de varios parques, plazas, plazoletas y otros espacios públicos del Centro Histórico y su zona de influencia.

Lo que no se ha dicho, porque se trata de algo absolutamente ilegal, es que se vaya a entregar a alguien, bajo cualquier modalidad, una calle completa, o una parte de ella. Al menos, no se ha dicho como noticia oficial, ni lo ha manifestado -jamás - funcionario alguno de cualquier nivel.

Lo que sí se ha informado, en diversas ocasiones, es que a diario, y a la vista de todos, los propietarios de varios restaurantes instalan decenas de mesas y sillas sobre las calles que circundan el Parque de San Diego, bajo la mirada cómplice u omisiva de agentes de la Policía Metropolitana y del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte -DATT, de brigadistas de la Oficina de Espacio Público y, en general, de los funcionarios de todos los niveles que visitan el lugar.

Y más grave aún: que unos servidores públicos son quienes, para facilitar la ilegal ocupación del espacio público, cierran las calles con vallas de propiedad del DATT y velan porque nadie ose retirarlas.

Todo ello, sin embargo, será historia próximamente. Pero no porque en la Alcaldía vayan a acatar lo dispuesto en varios fallos judiciales y, en general, lo que determina la Ley en materia de ocupación de calles, y en consecuencia hayan decidido desalojar a los invasores.

Será historia porque, de acuerdo con lo que se ha podido establecer, no habrá necesidad de colocar vallas al comienzo de las calles y no será  imperioso que agentes y brigadistas cuiden el lugar.

En los próximos días, debidamente autorizados por la Alcaldía los dueños de los negocios a quienes, con base en el Decreto 0356 de 2015, se les arrendará un porcentaje del Parque de San Diego, colocarán unos bolardos en la mitad de cada una de las calles que hoy ocupan.

Ello, sin embargo, si la comunidad sandiegana lo permite, ya que varios de sus más reconocidos líderes, y numerosos vecinos, han reaccionado a lo que varios han calificado como "un nuevo descaro", ya que se seguirían violando las normas pero ahora con unos visos de  legalidad.

Y aún más. De acuerdo con el dirigente cívico y vecino del lugar, Germán Osorio, la Administración distrital debería "mantener la delimitación actual del parque (de San Diego); intacta, para el uso y disfrute de toda la comunidad; y en lo que respecta a la reglamentación del uso del espacio público en el Centro Histórico, en general, hacerlo conforme a la Ley".

En similar sentido se pronunciaron otros vecinos, quienes piensan que el intento de la Administración "de legalizar lo ilegalizable", como señalara Benjamín González, "nos brinda la oportunidad de recuperar de una vez por todas el espacio que es de la comunidad". Para  González, como para otros vecinos del Centro, "dividir o cerrar la calle con unos bolardos es es un atropello y una ilegalidad, ya que averigüamos que cualquier cambio en el uso de una calle debe pasar por el Concejo, que debe aprobarlo, y eso no se ha hecho".

La comunidad, ¿dividida?

Este portal contactó a varios dirigentes de San Diego y el Centro Histórico, así como a algunos vecinos que opinaron pero solicitaron no mencionar sus nombres, y pudo saber que, aunque pareciera que una mayoría se opone a que, de forma ilegal, continúen ocupándose unas calles, unas personas son del criterio de que la Ley debe ajustarse a la condición de ciudad turística que tiene Cartagena.

Luis Carlos Guerrero Escobar, por ejemplo, un conocido vecino del sector, manifestó su contrariedad por el rechazo de varios sandieganos a los bolardos y pidió que "más bien preocupémonos por la invasión de ventas estacionarias por todo el Centro, sin ningún control; estos restaurantes en Europa pululan y son del agrado de visitantes y residentes; cabe el eslogan de nuevo: puede más la envidia que la realidad".

Al parecer, aunque ha tenido que acogerse a lo que opinan los restantes dignatarios, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Diego, Rocío Marín Mackenzie, tampoco mira con malos ojos la instalación de bolardos, "pero lo hace porque es amiga del alcalde", como señalara otro miembros de la JAC que pidió reserva de su nombre. "Tatica, como le dicen, actualmente tiene una OPS (contrato de prestación de servicios) en la Alcaldía, y fue empleada de TECNAR, por eso defiende lo que hace el alcalde, pero sabe que tiene que hacer lo que la mayoría decida, y nosotros nos oponemos a ese adefesio", advirtió.

Otro que, claro está, defiende la colocación de los bolardos, es el empresario Juan Carlos Iglesias, más conocido como 'Juan del Mar', propietario de varios de los restaurantes que, con sillas y mesas, ocupan diariamente las calles que circundan el Parque de San Diego. A través de su cuenta en Twitter, Iglesias defendió el uso que hace del espacio público asegurando que "esto es algo que se hace en las grandes ciudades turísticas. Queremos ser una de ellas. Criticar es fácil, generar empleo formal, no".










     CARTAGENA
Definitivamente los bolardos no serán instalados
Comunidad sandiegana gana el pulso a quienes
pretenden apropiarse del Parque de San Diego
















Pretender colocar unos bolardos en mitad de unas ca- lles e intervenir un bien patrimonial como el Parque de San Diego, sin que la Dirección de Patrimonio del Minis- terio de Cultura hubiera expedido el debido permiso y sin haber consultado con la comunidad, fue la gota que rebosó la copa. Aunque finalmente los bolardos no se- rán instalados, en las calles se realizaron unas perfora- ciones, lo cual se configura en una violación a la Ley.


Fotos Metro
"Cambiaron la morfología del parque": expertos

Los huecos que se hicieron fueron rellenados con arena