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Febrero 26 de 2016
La Contraloría General de la República -CGR - estableció que, en el marco de una auditoría realizada en el segundo semestre de 2015 a los recursos de regalías ejecutados en todo el país, se encontraron supuestos hallazgos fiscales por más de $30 mil 846 millones en los entes territoriales de la Región Caribe.

De esos recursos que podrían estar embolatados, cerca de $2 mil 53 millones corresponden a contratos adjudicados por la Alcaldía de Cartagena en las áreas de la infraestructura de vías y en el sector de la Salud.

En total, según el órgano de control fiscal, se habrían detectado 19 hallazgos, de los cuales en materia de transporte pudiera haber un detrimento de cerca de $699 millones, y en el área de la Salud alcanzaría la suma de $1 mil 353 millones.

Para la CGR, en el caso de la licitación pública UAC 004-2014, cuyo objeto fue realizar la "construcción, mejoramiento, rehabilitación y adecuación de vías en diferentes barrios" de Cartagena, por valor de $10 mil 343 millones, adjudicada a la Unión Temporal Vías de Cartagena, se suscribió un contrato el 16 de mayo de 2014, con un plazo de 8 meses, y a la fecha de la auditoría el avance físico de las obras era del 85,9%, pero "se evidenciaron mayores cantidades de obras pagadas y no ejecutadas por valor de $651 millones. De acuerdo con lo que se pudo determinar, las obras, como muchas otras contratadas por la Administración de Dionisio Vélez, están suspendidas, por lo que también está en suspenso la Interventoría, que se contrató por $517 millones con el consorcio 'Intervías Cartagena 2014'.

Según el informe de auditoría, en este caso "se presenta atraso significativo en la ejecución, ya que la terminación de las obras se contemplaba para el 14 de Septiembre de 2015 (…), vulnerando el principio de planeación". Además, indica el mismo informe, "se evidencia la existencia de mayores cantidades de obras pagadas no ejecutadas, y obras de mala calidad".

En materia de Salud, "se autorizaron pagos por suministros de medicamentos y procedimientos que no se encuentran incluídos en el POS, lo que denota que se incurrió en gastos que debieron ser asumidos por las EPS-ARS (...), con lo que se ocasiona un presunto detrimento al patrimonio del Distrito en la suma de $130 millones 798 mil".  

En el mismo campo, se apreció un presunto sobreprecio en la compra de medicamentos por la suma de $698 millones 479 mil.

Asimismo, "al confrontar los valores facturados y pagados contra los registros de notas de enfermería y de evolución domiciliaria" en diversas facturas, se determinó que se habría pagado de más la suma de $524 millones 444 mil, "en detrimento sobre los recursos del sistema general de regalías".

En este área, según la auditoría realizada, "hubo tres aparentes irregularidades", constituyéndose un hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y alcance fiscal.

Las inquietudes por los supuestos hallazgos de la Contraloría General de la República su suman a las que han venido manifestando otras entidades, entre ellas el Observatorio de la Transparencia en la Contratación Estatal (<<< leer 'El OTCE de Funcicar sigue encontrando irregularidades').

El año pasado, en diversas épocas, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, también habló de "corrupción en la contratación en las regiones", y mostró como ejemplo de que, según dijo en eeclaraciones a varios medios nacionales de prensa, se viene dando en Cartagena (<<< leer 'Presidente de la CCI denuncia lo que en Cartagena se viene cuestionando desde hace meses').


Lo que develó el influyente dirigente gremial en Bogotá -según pudo establecerse - fue lo mismo que venían denunciando varios colectivos ciudadanos desde cuando se descubrió que numerosos procesos contractuales durante el pasado gobierno eran orientados por funcionarios provenientes de Barranquilla, exfuncionarios de la primera Administración de Alex Char Abdala (<<< leer 'Gremios y veedurías ciudadanas le piden al alcalde que revise los procesos licitatorios del Distrito).

Durante la Presidencia de Alfredo Pineda Corena, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -SIAB - también cuestionó lo que, desde ese entonces, se estuvo presentando en la Alcaldía de Cartagena. Para esas fechas, el gremio de los constructores puso el grito en el cielo por el empaquetamiento de "31 frentes de trabajo en un sola licitación", lo cual redundó  en que se presentara un sólo oferente, "una Unión Temporal de la cual hace parte la firma barranquillera Donado Arce CIA SAS", lo cual "induce a pensar que estamos en presencia de un evidente direccionamiento con pliegos hechos a la medida". Para la SIAB, durante la Presidencia de Pineda, muchos de los impasses que han tenido las obras contratadas con los $250 mil millones que la banca le prestó al gobierno anterior son consecuencia de ese modelo de contratación.

No obstante, ni las inquietudes de la SIAB, ni las de la CCI ni las de las veedurías ciudadanas, fueron contestadas debidamente por la Administración Vélez (<<< 'Numerosos ingenieros y arquitectos de Bolívar, sorprendidos con respuestas del Distrito').

La mayor sorpresa -sin embargo - proviene de la Contraloría de Cartagena, la cual, a pesar de la abundante información que a diario publican este y los medios locales sobre incumplimientos en los plazos, sobrecostos, mala calidad de las obras y otras presuntas irregularidades (<<< 'Calle canal de Las Gaviotas quedó inconclusa'), nunca mostró una acción tendiente a defender el erario distrital.








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Las presuntas irregularidades se habrían cometido en el manejo de recursos de regalías
La C.G.R. encontró en la Alcaldía del Distrito hallazgos
con presunta incidencia fiscal por más de $2 mil 53 millones



La Contraloría General de la República auditó durante el segundo semestre de 2015 los re
cursos de las regalías en todo el país. En Cartagena, los hallazgos fiscales fueron de cerca
de $699 millones en el área del Transporte y de $1 mil 353 millones en el de la Salud. 


Cortesía de El Espectador