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Varios sectores ciudadanos insisten en denunciar que la decisión del alcalde fue abiertamente ilegal
Al tiempo que el Concejo, casi en pleno, respaldó la prórroga 
del contrato con Acuacar, en la PGN fue interpuesta una queja

















     CARTAGENA
En las instalaciones del Concejo de Cartagena, el secretario General de la Alcaldía, Carlos Coronado Yances, reiteró lo que ya le había dicho a la W - Radio: que el gobierno distrital no tenía otro camino que prorrogar por 14 años más el contrato suscrito con Acuacar para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, a pesar de faltar 6 años para su vencimiento, porque "esta Administración del 'Ahora Sí' actúa y actuará hasta el 31 de diciembre de este año con absoluta responsabilidad".

La posición del funcionario del Distrito fue respaldada por la casi totalidad de los concejales, y defendida en sendas intervenciones por los voceros de la mayoría de las bancadas, unos con más vehemencia que otros, en medio de los aplausos de varios líderes cívicos y 'veedores ciudadanos'.

Justamente, mientras ello ocurría, ante el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, era interpuesta una queja disciplinaria contra el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, y su secretario General, Carlos Coronado, por los mismos hechos que defienden el Ejecutivo, los concejales -con excepción de David Múnera, del Polo Democrático - y unos conocidos 'veedores'.

En el preciso instante en que Coronado insistía en que el alcalde no tenía por qué socializar con el Concejo la decisión que habría de tomar, ya que el Acuerdo 05 de 1994 lo facultó para escoger un socio para constituir una empresa de servicios públicos mixta y con base en esas facultades había procedido, el expersonero del Distrito y exprocurador Delegado para la Moralidad Administrativa Fabio Castellanos Herrera radicaba en el Despacho del procurador una queja en la cual, de manera especial, solicita que, "a fin de que se imparta justicia disciplinaria en tiempo real", se designe un funcionario especial y "se ordene la medida preventiva de suspensión provisional de las reformas societarias y del denominado Otrosí No. 3, que se encuentra contenida en el Artículo 160 del Códico Disciplinario Único, por ser este contrario desde todo punto de vista a derecho y especial a los principios de la Función Administrativa que contempla el Artículo Constitucional y el Régimen Contractual".

De acuerdo con lo que RevistaMetro ha podido establecer, los argumentos expuestos por Castellanos ante el procurador son los mismos que han venido exponiendo, en varios escenarios, el concejal David Múnera, el exdirector de la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena de Indias, Danilo Contreras Guzmán, el profesor universitario y exdirector de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Alcides Arrieta Meza, y numerosos dirigentes y ciudadanos más, entre ellos varios líderes cívicos y gremiales agrupados en la Corporación Cartagena Visible, algunos de los cuales motivaron al expersonero y exprocurador Delegado a preparar y presentar la queja.

Tanto Castellanos como Múnera, Contreras, Arrieta y numerosos ciudadanos más consideran que la prórroga suscrita por el alcalde viola "los principios democráticos de la participación ciudadana en las decisiones que competen a todos", como advierte el quejoso al señalar que fue realizada "a espaldas de las fuerzas vivas de la Cartagena, tal como fuera recomendado por la Procuradora Delegada para la Función Pública y como le cuestiona al alcalde la Defensora Regional del Pueblo". Según Castellanos, dicha actuación riñe "con los principios de la Función Pública (Economía, imparcialidad, planeación, publicidad, transparencia y moralidad) contenidos en el Art. 209 de la C.P y por ende en las normas disciplinarias de la Ley 734 del 2002".

A diferencia de los funcionarios distritales y la mayoría de los concejales, el quejoso y otros ciudadanos consideran que "con la reforma a los estatutos societarios, así como con la prorroga al contrato GISAA, se comete una vulneración a los derechos colectivos de la Moralidad Pública y el Patrimonio Público de la ciudad".

Entre los varios documentos que el quejoso adjunta como pruebas documentales de la supuesta irregularidad cometida por el alcalde, se destaca una función de advertencia realizada el 4 de noviembre de 2011 por el entonces contralor Hernando Sierra Porto, conocida por el alcalde Vélez, mediante el cual se advierte la existencia de un beneficio desproporcionado, dentro del contexto jurídico y comercial actual, a los socios de Acuacar distintos al Distrito, el cual "puede configurar un desequilibrio económico en contra del Distrito de Cartagena e ir en contra de la moralidad administrativa".

Para Castellanos, el hecho de que Vélez Trujillo, conociendo el documentado concepto de la Contraloría, en vez de solicitar las modificaciones del caso para evitar que se siguiera perjudicando al Distrito, multiplicara con creces -ahora - los beneficios para los restantes socios, está tipificado como culpa gravísima o inclusive dolo, "toda vez que la reforma no fue utilizada para mejorar las condiciones del Distrito, como lo pedía la Contraloría Distrital y las normas de protección del patrimonio publico, sino para ampliar las ventajas de los accionistas privados".

A juicio del quejoso -y con él coinciden otros analistas - el Otrosí suscrito es, en la práctica, un nuevo contrato, por lo cual debió ser sometido a un proceso licitatorio, previa solicitud de facultades al Concejo. "La anterior conclusión brilla como luz de medio día si se revisa el Acuerdo 05 de 1994", señala Castellanos. En el artículo 7 de dicha norma, el Concejo indicó "que la delegación que autorizaba no limitaba al Distrito para contratar por separado las futuras ampliaciones o nuevas construcciones, tal como son las definidas en este Otrosí por $250 mil millones".

"El monto de las nuevas inversiones supera con creces las inversiones iniciales para poner en funcionamiento el primer plan maestro de acueducto; para un nuevo plan maestro (...) el Distrito debía haber buscado nuevas y mejores condiciones, inclusive con el mismo socio, si lo hubiese considerado y estuviera habilitado por el Concejo para esto", señala Castellanos en su queja. "No puede manifestar el Distrito que el Otrosí es beneficioso por el solo hecho que la inversión saldrá de Acuacar y no del Distrito, dado que el 51 % de las acciones son del mismo Distrito; pero es más: si se hubiese dado la reversión de acciones del socio privado, el porcentaje accionario en manos del extranjero sería menor, con lo cual se nota que la decisión es contraria a un adecuado manejo de la cosa pública y del patrimonio y moral pública".

"En conclusión", manifestó Castellanos en diálogo con RevistaMetro, "los documentos aportados prueban fehacientemente que el alcalde suscribió un contrato sin el lleno de los requisitos de Ley, y es será lo que determine ahora el Ministerio Público".

Otras acciones

De acuerdo con fuentes de varios colectivos ciudadanos, la queja disciplinaria presentada no será la única acción que se impetre contra la prórroga dispuesta por el alcalde Vélez.

Por creer que detrás de la misma podría estar configurándose un gran negociado, varios ciudadanos preparan una denuncia penal y, con el fin de evitar mayores perjuicios al Distrito, algunos ciudadanos, entre ellos Alcides Arrieta, Danilo Contreras y el mismo Fabio Castellanos, al parecer por separado, preparan igualmente una Acción Popular.

Para Mario Salvador Andrade, director de la Corporación 'El Ojo que Grita', "para cualquiera que conozca bien cómo se maneja la cosa pública en Cartagena, aún sin conocer los elementos de Ley expuestos por los expertos, algo huele mal cuando los concejales, que históricamente han reclamado que todo pase por sus manos, manifiesten ahora, con una generosidad desmedida, a pesar de los cuantiosos recursos comprometidos, que ellos no tenían por qué autorizar nada y aplauden todos, con la excepción del concejal del Polo, la decisión del alcalde. A otro perro con ese hueso". 

La mayoría de los concejales, unos
con más vehemencia que otros, res
paldaron al alcalde en su decisión de
prorrogar el contrato para la presta-
ción del servicio de acueducto y al-
cantarillado de Cartagena. Mientras
ello ocurría, ante la Procuraduría fue
radicada una queja disciplinaria por
los mismos hechos, suscrita por el
expersonero Fabio Castellanos.


Fabio Castellanos Herrera
Carlos Coronado Yánces