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     COMUNIDAD
Dos hechos aislados: el atroz ataque a Charlie-Hebdo y la salida de
Gustavo Álvarez Gardeazábal de 'La Luciérnaga', encienden en Co-
lombia un debate sobre libertad de expresión y ética periodística


Dos hechos absolutamente aislados, el uno ocurrido en Francia: el atroz ataque a las oficinas de la satírica revista Charlie-Hebdo; y el otro en Colombia: la salida del periodista tulueño Gustavo Álvarez Gardeazábal del influyente programa de opinión, noticias y humor 'La Luciérnaga', han generado en nuestro país un candente debate sobre la ética periodística y la responsabilidad de los medios de comunicación

En el primer caso, el repudio que despertó en la inmensa mayoría de las naciones del mundo la masacre de los caricaturistas llevaron a que los más importantes medios dijeran todos a una, como en Fuenteovejuna: "Je suis Charlie (Yo soy Charlie)". En el segundo, numerosas voces expresaron su solidaridad con el exgobernador del Valle y polémico analista político y cuestionaron que su dimisión haya sido el resultado de presiones de sectores políticos y económicos.

Algunas voces -sin embargo - se han venido apartando de la unánime defensa que, al calor del rechazo al crimen de los caricaturistas Stephane Charbonnier, Jean Cabut, Georges Wolinski, Bernard Verlhac y Bernard Maris (murieron también otras siete personas, entre ellas dos policías, pero de ellas ya pocos dicen nada), ha emprendido la Prensa de casi todo el mundo.

Una de esas voces, la del escritor y activista José Antonio Gutiérrez D., se escuchó aclarando que "considero una atrocidad el ataque a las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo en París y que no creo que, en ninguna circunstancia, sea justificable convertir a un periodista, por dudosa que sea su calidad profesional, en un objetivo militar", pero, al tiempo y de manera tajante, dejando claro que, a diferencia de los muchos que han expresado "Je suis Charlie", él no es Charlie. "Yo no soy Charlie (Je ne suis pas Charlie)", señaló Gutiérrez, quien reside en Irlanda, donde promueve acciones de solidaridad con América Latina y Colombia, en el portal 'Resumen'. "No me identifico con la representación degradante y 'caricaturesca' que hace del mundo islámico, en plena época de la llamada 'guerra contra el terrorismo', con toda la carga racista y colonialista que esto conlleva. No puedo ver con buena cara esa constante agresión simbólica que tiene como contrapartida una agresión física y real, mediante los bombardeos y ocupaciones militares a países pertenecientes a este horizonte cultural" (<<< hacer click).

Y -también - otras voces se apartaron de las que, convencidos de que el autor de la novela 'Cóndores no entierran todos los días' no seguiría en 'La Luciérnaga' por indebidas presiones externas, comenzaron a inundar las redes sociales protestando por lo que calificaron como un inaceptable atentado contra la libertad de prensa.

Y lo hicieron luego de leer la columna de Daniel Coronell 'El bazar de los idiotas', publicada en la edición de la revista Semana de este domingo (11 de enero de 2015), en la cual se señala que "Jairo León García, quien fuera jefe de redacción del periódico El Mundo de Medellín y el hombre detrás de una columna de rumores políticos llamada 'Juan Paz'"; que "William Calderón (...) que por aquellos días escribía una columna en El Nuevo Siglo": 'La Barca de Calderón'; y "Gustavo Álvarez Gardeazábal (...)", habían sido "expulsados de unos medios porque sus supervisores editoriales perdieron la confianza en ellos".

El destacado columnista, el más leído del país de acuerdo con los líderes de opinión, demostró, con pruebas irrefutables, que a cambio de una paga de $170 millones durante dos meses, Calderón se comprometió a publicar al menos 25 "alusiones tipo free press" a las actividades de la Registraduría Nacional del Estado Civil. (<<< hacer click).

Tras la publicación de la columna de José Antonio Gutiérrez, el debate sobre si la libertad de expresión es un derecho absoluto o tiene algún tipo de límite comenzó poco a poco a calentarse. La línea editorial  asumida por dos de los diarios más influyentes del mundo son, de cierta manera, fiel reflejo de lo que piensan sobre el tema amplios sectores de la opinión pública. "No reproduciremos ninguno de los ejemplos de las caricaturas más controversiales de Charlie Hebdo", publicó The New York Times. Entretanto, The Economist conceptuó: "La libertad de prensa no debe tener límites, por imprudente o de mal gusto que sea lo que se publique, a menos que incite a la violencia".

De igual forma, luego de conocerse las impactantes revelaciones de Daniel Coronell, en diferentes escenarios, particularmente Twitter y Facebook, el debate sobre el periodismo mercenario fue puesto una vez más en el tapete.

El periodista Héctor Rincón colgó un enlace del documentado artículo de Coronell con el comentario: "una columna que desenmascara a periodistas ordinarios, pisotiadores de honras ajenas porque carecen de ella".

Otra comunicadora: Maritza La Rotta, hizo lo mismo señalando: "necesaria columna de @DCoronell para reflexionar sobre la ética periodística, cada vez más ausente en nuestros medios".

Y asimismo Carlos Andrés Pérez, escritor y director del 'Centro de Análisis y Entrenamiento Político': "Lamentable confirmar periodistas que se venden y luego se victimizan. Y tantos que les siguen el juego".

El debate en la capital de Bolívar

En Cartagena, sin embargo, el debate no es nuevo. Ni mucho menos. Desde julio de 2005, el portal ElMetro.Com ha venido promoviéndolo mediante una saga titulada 'Verdad y objetividad, ¿meras mercancias?, la cual documentó cómo, para varios periodistas radiales de la ciudad heroica, "los méritos reconocidos a un funcionario suelen ser proporcionales al 'sobre' o la cuña recibida (<<< hacer click).

En las notas publicadas se habló de que "el problema estriba en que algunos periodistas creen, de manera equivocada, que cuando contratan sus servicios publicitarios, generalmente difusión de cuñas radiales, se les está haciendo un favor que tienen luego que devolver, y para ellos la manera más expedita es a través del silencio y la lisonja barata", como señaló el entonces estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, Édgar González Quintero; y de que "algunos periodistas, sobre todo los radiales, critican insistentemente a ciertos funcionarios hasta cuando éstos deciden darles una cuña", luego de lo cual adoptan una actitud laudatoria y "en ocasiones, servil y zalamera", lo que puede calificarse "como una vulgar y vergonzante extorsión", como indicó Javier Darío Peñarredonda, para ese entonces estudiante de Producción de Radio y Televisión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

De hecho, uno de los casos tratados en la citada saga, guardadas las proporciones, es similar al revelado ahora por Daniel Caronell. En ese entonces, durante la Administración Departamental de Joaco Berrío Villarreal, varios comunicadores sociales denunciaron al presidente de la 'Asociación de Periodistas Independientes de Colombia' (SIC), William Hundelshauseen Carretero, por haber utilizado sus nombres como soportes para facturar el servicio, en un programa radial, de "publicidad positiva a una campaña de desprestigio".

El cobro, con una serie de firmas falsificadas, según las denuncias de los periodistas Pablo J. Caballero y Nelly Castañeda, entre otros, fue realizado al abogado Julio Santamaría López, famoso por haber propiciado una serie de embargos a las cuentas de la Gobernación de Bolívar (<<< hacer click).

Para esas fechas, el director de este portal, Carlos Ardila González, publicó una columna titulada 'El precio del silencio', en la cual, haciendo referencia a los periodistas mercenarios, aseguró que en Cartagena nadie ignora que las críticas de ciertos periodistas a alcaldes, gobernadores y demás altos funcionarios "está directamente relacionado con la pauta" (<<< hacer click).

El hecho -sin embargo - de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP, no es exclusivo de Cartagena ni la Región Caribe, y ni siquiera de Colombia. El estudio, realizado entre enero y octubre de 2007 en Chile, Argentina, Costa Rica, Honduras, Perú, Uruguay y Colombia, reveló que en todos los siete países, en mayor o menor proporción, hay cuatro tipos de censura indirecta: "el manejo abusivo de la publicidad oficial para influir en los contenidos, los pagos hechos directamente a periodistas, la asignación discriminatoria de publicidad en favor de aliados políticos y el uso de la publicidad con fines propagandísticos", como reveló El Espectador (<<< hacer click).




Dos hechos sin ninguna relación: el atroz ataque a las oficinas de la satírica revista francesa Charlie-Hebdo y la salida del pe-
riodista tulueño Gustavo Álvarez Gardeazábal del influyente programa de opinión, noticias y humor 'La Luciérnaga' han ge-
nerado en Colombia un candente debate sobre la ética periodística y la responsabilidad de los medios de comunicación.