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Junio 26 de 2016
Luego de que el Juzgado Doce Penal Municipal legalizara la captura del gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. -Edurbe, Ramón David Expósito Vélez; de los exalcaldes de la Localidad Histórica y del Caribe Norte Amaury Lora Márquez y Mauricio Betancourt Cardona; y de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Boris Burgos Burgos y Alfonso Echeverría Suárez; y de que la Fiscalía les realizara las respectivas imputaciones, las expectativas giran alrededor de la eventual vinculación al proceso de otros servidores o exservidores públicos.

Como se sabe, el ente investigador tiene pruebas documentales y testimoniales que lo llevan a inferir que los seis implicados (los cinco detenidos y el exgerente de Edurbe, Augusto Mainero Román, contra quien pesa una orden de captura pero no ha sido detenido por encontrarse en el exterior) habrían 'pecado' por acción u omisión en el marco de la suscripción, ejecución y liquidación del Contrato Interadministrativo 001 de 2011 (<<< leer 'Por presuntas irregularidades en Edurbe capturan a funcionarios y exfuncionarios').

A quienes firmaron el contrato: Augusto Mainero en su condición de gerente de Edurbe y Amaury Lora, en ese entonces alcalde de la Localidad No. Dos, la Fiscalía les imputa los supuestos punibles de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y de peculado por apropiación. Boris Burgos y Alfonso Echeverría, exinterventores del cuestionado convenio, enfrentan el cargo de peculado por apropiación. Y a Ramón David Expósito, quien sucedió en la Gerencia de Edurbe a Mainero, le imputan el presunto delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia.

Lo que Revista Metro ha podido establecer es que -curiosamente - tanto por los lados de la defensa como de varios denunciantes rondan similares inquietudes: algunos de los primeros consideran que los hasta ahora involucrados en el caso recibieron órdenes de sus superiores; y la mayoría de los segundos son del criterio de que "ni están todos los que son ni son todos los que están".

Sobre el tema, este portal dialogó con diversas fuentes, entre ellas dos funcionarios de la Alcaldía de Cartagena y uno de Edurbe; y dos exasesores externos del Distrito adscritos -en su momento - a la Oficina Asesora Jurídica; en todos los casos con el compromiso de reservar sus nombres.

De lo conversado con las cinco fuentes se desprende que -en efecto - tal como parecieran coincidir tanto defensores como denunciantes, al menos en el caso de Expósito Vélez la responsabilidad podría ser compartida.

"En diciembre de 2013, en una reunión de la Junta (de Edurbe), el alcalde (Dionisio) Vélez (Trujilo) le ordenó al gerente (Ramón David Expósito) que liquidara todos los contratos y convenios que venían con problemas de Administraciones anteriores, que eran más de 100; para ello, como el mayor problema que atravesaba la entidad era la falta de liquidez, el gerente debía vender unos activos, principalmente unos lotes; la idea parecía buena: era dejar de abrir unos huecos para tapar otros, como se venía haciendo, pero lo malo es que se trataba de meter plata buena en plata mala, favoreciendo a quienes habían ocasionado el endriago cometido", aseguró una de las fuentes; "esa orden del alcalde fue ratificada por toda la Junta, por unanimidad".

Esa información fue corroborada, en términos generales, por las restantes fuentes. "Pero, para ser justos, hay que agregar que el doctor Expósito no estuvo totalmente de acuerdo. Él sabía que podía meterse en un lío con los órganos de control ya que su obligación era defender los recursos del Distrito sin favorecer a ciertos contratistas", señaló uno de los funcionarios. "Sin embargo, el criterio del alcalde y de los demás miembros de la Junta se impuso y él (el gerente de Edurbe) tuvo que cumplir la orden".

"Debe decirse también que, antes de que se tomara esa decisión, el gerente presentó un detallado informe de cómo había encontrado la entidad", manifestó otra de las fuentes; "y hasta habló de irregularidades y de investigaciones que adelantaba la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría; pero no hubo una verdadera intención de obligar a los contratistas a cumplir sus compromisos sino una clara intención de vender activos para tapar los huecos encontrados".

Con el fin de constatar la veracidad de lo informado, Revista Metro logró acceder al Acta No. 044 del 20 de diciembre de 2013, suscrita por el presidente de la Junta Directiva, Dionisio Vélez Trujillo, y la secretaria ad-hoc, Patricia Martelo Gómez.

En el folio 9 de dicho documento se dice, en efecto, que el presidente de la Junta, "como representante del Distrito (...), autoriza liquidar las obras civiles de anteriores vigencias que están incorporadas a través de convenios o contratos interadministrativos suscritos entre Edurbe S.A. y el Distrito (...), junto con otras entidades estatales (las cuales pueden sumar más de 120 obras), con el propósito de liberar a la empresa de esa carga negativa. Aunado a ello, el señor alcalde (...) está de acuerdo en que se gestionen recursos frescos a través del cobro de cartera, enajenación de activos (venta de lotes) y venta de portafolio de servicios para sanear la empresa de muchas deudas y sacar adelante la entidad". Tras la anotación correspondiente, en el acta se deja constancia de que la autorización del alcalde "es aprobada por unanimidad por los asistentes de la Junta Directiva de Edurbe S.A."

En el acta consta -asimismo - que a la sesión, realizada el 20 de diciembre de 2013 en el despacho del alcalde, asistieron, además del mandatario, los miembros de la Junta Rafael Pérez Martínez, Leobardo Marrugo Muñoz, Camilo Torres Navarro, Roberto Barrios Martínez, Alberto Iglesias Donado y Raúl Guerrero Torres, todos en representación del Distrito.

Asistieron, igualmente -con voz pero sin voto - el gerente de Edurbe; el subdirector Financiero y Administrativo, Ramiro Romaña Hibanguen; el subdirector Técnico (e), Jaime Pedroza Arrieta; el jefe de Presupuesto, Iván Quintero Banda; la contadora, Adys Cervantes Albán; y la profesional universitaria Patricia Martelo Gómez.

Participó, igualmente, en calidad de invitado, el asesor del Despacho del Alcalde Mario Ramos Juliao.

"Tanto el gerente como su Junta estaban advertidos": veedores

Para varios veedores ciudadanos, entre ellos Mario Salvador Andrade, director de la corporación 'El Ojo que Grita', la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva de Edurbe debe ser esclarecida "ya que no pueden alegar que no sabía lo que en esa entidad venía ocurriendo".

En enero de 2013, en rueda de prensa, el contralor distrital Mario Feliz Monsalve dio detalles de unos hallazgos en las cuentas de Edurbe que podrían traducirse en un detrimento al erario de más de $10 mil millones (<<< leer 'Contraloría distrital confirma graves irregularidades en Edurbe').

En varias oportunidades, en su condición de concejal, el expersonero Jorge Cárcamo Álvarez dejó constancia en la corporación edilicia de la importancia de analizar a profundidad los convenios interadministrativos suscritos entre la Alcaldía y Edurbe, luego de varios intentos fallidos porque se realizara un debate de control político (<<< leer 'Concejal Cárcamo deja constancia "porque no quiero aparecer como cómplice").

De acuerdo con fuentes de entero crédito, Cárcamo redactó un extenso memorial, detallando sus inquietudes por lo que venía ocurriendo en Edurbe, y lo radicó a manera de control de advertencia en la Alcaldía de Cartagena.

Algo similar hizo el dirigente gremial William Murra Babún, pero de manera específica refiriéndose al hecho de que "el señor gerente actual de Edurbe ha tomado dinero proveniente de otras fuentes como lo es la venta de activos (...) para tapar los huecos encontrados, pero que yo tenga conocimiento ni él ni la autoridad distrital de control fiscal se han atrevido a poner dicha irregularidad en conocimiento de la Fiscalía y por el contrario le están haciendo el juego al peculado" (<<< leer Carta de William Murra a Junta de Edurbe).

Que se sepa, el gerente de Edurbe que sí puso en conocimiento de la Fiscalía las graves irregularidades que, según él, encontró en la entidad al llegar al cargo, fue Óscar Brieva Rodríguez. De hecho, aunque una sesión del Concejo que se había programado para debatir el caso fue cancelada a última hora (como sucedió en varias ocasiones anteriores), el funcionario hizo llegar tanto a los concejales como a varios actores locales el descarnado informe que se disponía a presentar, el cual fue la base de su denuncia (<<< leer 'Concejo aplaza debate a EDURBE, pero informe del nuevo gerente sería presentado ante la sociedad civil').














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     CARTAGENA
Luego de que la Fiscalía le imputara al gerente de Edurbe, Ramón David Expósito, el pre
sunto delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia, surge la inquietud sobre la
responsabilidad que en el caso, y en otros que también se investigan, les quepa a los in-
tegrantes de la Junta Directiva de la entidad, sobre todo a quienes la han presidido.




Archivo
Por su omisión ante las supuestas irregularidades detectadas en la entidad
Piden investigar eventual responsabilidad
de los miembros de la Junta Directiva de Edurbe