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INVESTIGACIÓN
En Cartagena, desde mediados de 1999 y hasta pocos años después, era motivo de orgullo, para muchas personas, que se les rotulara con el título de veedor. Eran los días en los que tirios y troyanos reconocían la labor de un puñado de dirigentes cívicos que dedicaban parte de su tiempo a promover el control social a los entes estatales, y hasta se atrevían a enfrentar, con las herramientas que les dio la Constitución del 91, a funcionarios venales y políticos corruptos.
Con el paso del tiempo, no obstante, varios de ellos desviaron el camino al ocurrírseles, de manera equivocada, que los mismos que alababan su valentía y compromiso ciudadano podrían elegirlos -por qué no - concejales o hasta alcaldes.
Más tarde, tras mirarse en el espejo de ciertos concejales y varios periodistas, a otros se les ocurrió que investigar supuestas irregularidades y sacar provecho económico de ello podía ser el negocio de sus vidas. Y, en efecto, muchos de ellos se 'graduaron' de veedores y montaron sus propias 'veedurías' como quien edifica una empresa.
El legislador, entonces, conocedor de un fenómeno que se dio no solo en Cartagena sino también, aunque en menor medida, en otras capitales del país, expidió la Ley 850 de 2003 que reglamentó el ejercicio de las veedurías.
Pero -a pesar de ello - las defensas impuestas a buena hora en la llamada Ley de Veedurías fueron y son burladas por aquellos que, más que cualquier otro, deben cumplir la Ley: aunque la norma determina de manera clara y precisa que los veedores deben ser elegidos y las veedurías deben conformarse únicamente para vigilar determinado proyecto, obra o programa, y solamente durante el tiempo de la ejecución de estas, comenzaron a surgir y multiplicarse, como conejos, los autoproclamados veedores, y a proliferar las veedurías de bolsillo que pretenden vigilar absolutamente todo y sin término definido.
Y lo que resultó siendo más grave, según denunció a través de este portal el líder cívico Mario Salvador Andrade, hoy "muchos de los llamados veedores se dedican es a extorsionar a los funcionarios públicos" (Ver Las veedurías en Cartagena…)
Por ello él, al igual que otros dirigentes que, en su momento, promovieron el ejercicio del control social, advierte que no es un veedor, y que la organización que representa no es una veeduría.
En su escrito, Ardila señala que "el abogado Alfonso Montes… denunció estos hechos en mayo de 2009… y el veedor y tam bién abogado David López Romero… coadyuvó dicha denuncia".
Pero esa columna no es el único sitio en el cual el nombre de David López aparece como aparece como veedor y abogado.
Permanentemente, en medios impresos, radiales y televisivos se habla de López como un reconocido veedor, y él mismo, de forma constante, llama a programas y noticieros a informar sobre sus actividades como tal.
De hecho, el 'veedor' dirige la Corporación Investigativa de la Gestión Pública, una organización en cuyo membrete se dice que se trata de una 'Veeduría Ciudadana Nacional' (Ver)
Y la especialidad de esta 'veeduría', por lo que puede establecerse, es el control social a la salud. Numerosas publicaciones e intervenciones de López así lo demuestran, pero, sobre todo, el hecho de que la Contraloría General de la República haya realizado un control excepcional a dicho sector por solicitud -justamente - de dicha organización (Ver Contraloría realiza audiencia…)
No obstante ello, sin embargo, el 28 de enero de 2010 se dio un hecho que se constituye, como aseguró un funcionario de la Gobernación de Bolívar cuyo nombre se omite por su expresa solicitud, en el 'botón de muestra' de lo que sucede -por ignorancia o dolosamente - con este tipo de 'veedores' y 'veedurías ciudadanas'.
Ese día, el entonces agente interventor de la Superin tendencia de Salud para la Secretaría de Salud del Depar tamento, Larry Laza Barros, suscribió un contrato por $12 millones con el 'veedor' David López Romero, cuyo objeto fue la "prestación de servicios profesionales como abogado para asistir… en las respuestas de los derechos de petición".
El contratante no tuvo en cuenta que, tratándose de un 'veedor' de la salud, no podía suscribir con él ningún tipo de contrato. Lo prohibe explícitamente la Ley. Y tampoco que, aunque a López mucha gente lo considera abogado, una simple consulta a la página web del Consejo Superior de la Judicatura hubiera bastado para saber que ello es un error.
En Secretaría de Salud de Bolívar
Contratan a 'abogado' sin título y con impedimentos legales
Un botón de muestra
En su columna 'Competencia a la ESAP', el director de Metro. Com, Carlos Ardila González, relató la forma cómo un individuo creó una empresa a la que de nominó 'Estudios, Sistemas, Audi torías y Presupuestos', cuyas siglas: ESAP, le permitieron esta far a la Gobernación de Bolívar mediante la sustracción de unos cheques millonarios girados a nombre de la 'Escuela Superior de Administración Pública', tam bién ESAP (Ver Columna del director).
"Y además" -expresó, empuñando la mano derecha, como preparándose para realizar un alegato de conclusión en un juicio oral - "la ley prohíbe que los veedores trabajen o reciban contratos de las entidades a las que les hacen veeduría, y eso es algo que se viola con demasiada frecuencia".
David López Romero
De acuerdo con lo di cho por Andrade, la responsabilidad de que ese fenómeno haya crecido recae en los servidores públicos que ceden a las pre siones y se dejan extorsionar".
Según él, "algunos son permisivos porque tienen 'rabo de paja', pero son más lo que 'comen del cuento' por física ignorancia: no saben que la mayoría de esos tipos no son legalmente veedores, ni sus organizaciones, de acuerdo con la Ley, son realmente veedurías."
El líder cívico recalcó que "la ley contempla que los veedores deben ser elegidos en una asamblea; que las veedurías se conforman convocando a quienes de una u otra forma sean impactados por el objeto de las mismas; y que los veedores tienen que rendir cuentas y realizar audiencias para consultar la opinión de los ciudadanos a los que representan".
Veedores juveniles - Archivo
Aunque la Ley de Veedurías es clara en determinar que un veedor ciudadano no puede contratar con la entidad objeto de su control, y aunque es más claro aún que el desarrollo del ejercicio del Derecho solo puede ser realizado en la Administración Pública por abogados titulados y acreditados, el agente interventor de la Secretaría de Salud del Departamento, Larry Laza, suscribió un millonario contrato con el 'veedor en salud' David López Romero, cuyo objeto fue la "prestación de servicios profesionales como abogado".