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Una de las firmas cuestionadas es propiedad de cartageneros
Escándalo por suministro de comida podrida
a los niños del país 'pica y se extiende'



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Exigen que la investigación que adelanten tanto el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y
los diferentes órganos de control permita castigar debidamente a los responsables.


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Desde cuando la Defensoría del Pueblo encontró irregularidades en el suministro de comidas a los niños de varias regiones del país en el marco del Programa de Alimentación Escolar -PAE - del Ministerio de Educación, el escándalo no para de crecer.

Inicialmente, lo que halló el Ministerio Público en una auditoría es que en al menos 13 municipios de los departamentos de Atlántico, Chocó y La Guajira se habrían entregado comida podrida a los niños. De acuerdo con el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, existen "graves casos de corrupción". En similar sentido se pronunció la ministra de Educación, Gina Parody d'Echeona, quien señaló que "lo que hemos visto es que se están desviando millonarios recursos".

En su edición del pasado domingo (16 de agosto), el diario El Tiempo, bajo el título 'Estas son las empresas que les dan comida podrida a los niños del país', reveló que las firmas implicadas en el escándalo son "Fungescol, Corazón País, Fundaenlace y Cooseheroica".

"Frutas podridas, alimentos con presencia de bacterias y materia fecal, utensilios contaminados, porciones de comida miserables y explotación laboral" fueron, según el informe de El Tiempo, algunos de los hallazgos de la Defensoría del Pueblo.

Revela asimismo el diario que otro contrato bajo la lupa de la Defensoría, por valor de $12.871 millones, fue firmado en febrero de este año entre el Ministerio de Educación y la Unión Temporal Alimentar.

Según el mismo informe, "Alimentar está conformada por dos empresas: la Fundación Enlace (Fundaenlace ONG), cuyo representante es Alejandro Rafael Hernández Vidal; y la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica (Cooseheroica), representada por David Camacho Benítez".

Según el influyente medio capitalino, ambas empresas han firmado, en unión temporal o individualmente, millonarios contratos con el ICBF, el Ministerio de Educación y varios departamentos y municipios. 

El caso -sin embargo - no acabaría allí. El pasado jueves (20 de agosto), la ministra de Educación, durante una visita al municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico, a donde llegó sorpresivamente de la mano del contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, anunció que había decidido que los convenios suscritos por su Despacho con la unión Temporal Alimentar y la Fundación Kabala, vigentes hasta el 31 de agosto, no serían prorrogados. El convenio con la UT Alimentar, por casi $13 mil millones, es para el suministro de alimentos a niños en el Atlántico; y el convenio con la Fundación Kabala, por valor de $14 mil 893 millones, es para el suministro de alimentos a niños en Bolívar.

Sobre estos hechos, decenas de líderes de opinión, como la directora ejecutiva de la corporación Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, y algunos dirigentes políticos, como el expresidente  del Senado José Name Terán y el candidato a la Gobernación de Bolívar Dumek Turbay Paz, han expresado públicamente su repudio.

Ungar, en una columna en El Espectador, titulada '¿Quién responde por la alimentación de los niños?', señaló que "en casos como el de los alimentos para niños, el tema va más allá del desvío de recursos y de corrupción económica por parte de unos contratistas". Aunque, para la reconocida académica, "los responsables de estos hechos deben ser investigados y sancionados sin dilaciones", es claro que "no son suficientes las sanciones de tipo administrativo y judicial, porque el daño causado no es solo económico. Hay un evidente daño social que debe ser reparado y resarcido. Por eso es fundamental que los ciudadanos también comencemos a rechazar social y políticamente a quienes por acción o por omisión han permitido que hechos como estos sucedan o han cohonestado con quienes los han propiciado".

En Cartagena

En Cartagena el escándalo tuvo una especial connotación, ya que, según aseguran numerosos cibernautas, detrás de los contratistas cuestionados hay reconocidos dirigentes políticos bolivarenses y, al parecer, personas muy cercanas a candidatos actualmente en campaña.

Lo que sobre el tema pudo indagar Metro.Com es que los representantes legales (principal y suplente) de la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica -Cooseheroica, son David Reynaldo Camacho Benítez y María Cristina Camacho Benítez, hijos del fallecido empresario Reynaldo Camacho Malo y nietos del exconcejal de Cartagena Víctor Camacho Orozco, también fallecido. El Consejo de Administración de Cooseheroica lo integran Óscar de Oro Benítez, Dilxón Salas Cañates, Humberto Nárvaez Guzmán, Javier Saravia Puello y Carlos Barboza Blanco. Y sus revisores fiscales (principal y suplente) son Carlos Trespalacios Figueroa y Sandra Milena Soriano.

Conoció igualmente este portal que Cooseheroica, con personería jurídica 3964/92, otorgada por Dansocial, ha tenido contratos con la actual Administración del Distrito. De hecho, el pasado 9 de abril su representante legal radicó una cuenta, la número 6547, y el correspondiente pago se lo hicieron seis días después: el 15 de abril.

La dirección que reporta Cooseheroica es: Ternera, diagonal 31 No. 107-75 Bodega D - 12. Y su E-mail es: rafachiquillo_3@hotmail.com

En Bolívar

En cuanto al contrato suscrito con la fundación Kabala por cerca de $15 mil millones para el suministro de alimentos a niños en los municipios de Bolívar, Metro.Com conoció que, contrario a lo asegurado por la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, fue suscrito directamente con el Ministerio de Educación y no con la Gobernación de Bolívar

La representante legal de la fundación Kabala es María Angélica Araujo Noguera, y el contrato suscrito por esta entidad y Mineducación es el No. 1011 de 2014.

Sobre este particular, el secretario de Educación de Bolívar, Manuel Fernández Álvarez, fue enfático en afirmar "que la Gobernación de Bolívar no ha celebrado contratación alguna para estos fines".

De acuerdo con el funcionario, fue la propia Gobernación de Bolívar la que le solicitó al Ministerio de Educación Nacional que contratara directamente la alimentación escolar con las firmas que a bien consideraran, entre otras cosas por recomendación formulada por la Procuraduría General de la Nación.

Fernández Álvarez señaló que, en varias oportunidades, los rectores de algunas instituciones educativas se quejaron por la mala calidad de la alimentación suministrada, "y todas esas quejas fueron puestas en conocimiento del Ministerio".

"Por ello", dijo, "respaldamos las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional en contra de las empresas operadoras que han prestado un servicio irregular en el suministro de alimentos a los niños y niñas de Bolívar".








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Por las redes sociales circulan fotografías del tipo de raciones que son suministradas a los niños en varios departamentos de la Región Caribe.