INICIO  -  HISTORIAS  -  CONFIDENCIALES  -  POLÍTICA  -   CARTAGENA  -  BOLÍVAR  -  CULTURA  -  DEPORTES  -  OPINIÓN

Copyright 2010. All Rights Reserved. www.revistaelmetro.com





Junio 22 de 2016
El actual gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. -Edurbe, Ramón David Expósito Vélez; los dos anteriores alcaldes de la Localidad Histórica y del Caribe Norte: Amaury Lora Márquez y Mauricio Betancourt Cardona; y los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, Boris Burgos Burgos y Alfonso Echeverría Suárez, fueron capturados por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol -Dijín - de la Policía, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI - de la Fiscalía.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, a los tres funcionarios: Expósito Vélez, Burgos Burgos y Echeverría Suárez; y a los dos exalcaldes locales: Lora Márquez y Betancourt Cardona, se les acusa de los supuestos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, abuso de autoridad por omisión de denuncia y prevaricato.

Según las mismas fuentes, a un tercer exfuncionario: el exgerente de Edurbe Augusto Mainero Román, también se le dictó orden de captura, pero este se encuentra en los Estados Unidos, de donde deberá regresar en las próximas horas. 

El caso por el cual los los tres funcionarios y los tres exfuncionarios son investigados se remonta al año 2011, durante la Administración de Judith Pinedo Flórez, cuando Amaury Lora, en su condición de alcalde de la Localidad No. Uno, y Augusto Mainero, en su condición de gerente de Edurbe, suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 001/11 por valor de $1.500 millones, cuyo objeto era la ejecución de 32 obras de infraestructura en diversos barrios de la Localidad. Lo que se denunció en su momento, en un paquete que incluye muchas otras obras, la mayoría de ellas también contratadas bajo la figura del convenio interadministrativo, es que fueron desarrolladas parcialmente, e incluso algunas jamás siquiera fueron comenzadas, a pesar de haber sido pagadas en su integridad.

Durante el primer mes, desde cuando fue firmada el acta de inicio del Contrato Interadministrativo No. 001/11, el interventor por parte de la Alcaldía del Distrito fue el ingeniero Boris Burgos. Posteriormente, el también ingeniero Alfonso Echeverría reemplazó a Burgos cuando este fue nombrado secretario de Planeación de Turbana, para lo cual este último solicitó una licencia no remunerada a su jefe inmediato, Amaury Lora, ya que en ese entonces estaba en comisión en la Localidad No. Uno. A Mainero, como se sabe, lo reemplazó Expósito en la Gerencia de Edurbe, y a Lora lo sucedió Betancourt en la Alcaldía de la Localidad No. Uno.

Lo que ocurrió o dejó de ocurrir con las obras contratadas con base en el Contrato Interadministrativo No. 001/11 no es -sin embargo - lo único que actualmente investiga la Fiscalía.

Como lo reseñó oportunamente Revista Metro, una serie de denuncias instauradas en su momento por la Asociación Colombiana de Ingenieros -Aciem - capítulo Bolívar, para esa época presidida por el ingeniero William Murra Babún, motivaron a la Contraloría General de la República a realizar un control excepcional a las cuentas de Edurbe y Corvivienda, con el fin de investigar la presunta comisión de irregularidades durante la ejecución de diversas obras contratadas por los gerentes de las dos entidades.

En general, los supuestos hechos de corrupción se habrían presentado en Edurbe entre los años 2008 a 2011, durante los cuales se celebraron 142 convenios interadministrativos para la ejecución de 337 obras por valor superior a los $119.548 millones. Según las denuncias, de las obras contratadas sólo fueron ejecutadas 52, mientras que otras 26, por un valor cercano a los $21.000 millones, no fueron siquiera comenzadas.

Otro de los denunciantes de los hechos que se venían dando en Edurbe fue el exgerente de esa entidad, Óscar Brieva Rodríguez, quien, designado en el cargo por el entonces alcalde Campo Elías Terán, tuvo la ocasión de documentar varios hechos presuntamente punibles,  los cuales puso en conocimiento tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría y la Contraloría.

Para la época de las primeras denuncias, la influyente revista Dinero publicó un documentado informe bajo el título 'Carruseles en todo el país', en el cual señaló que "Bogotá no es la única" donde se presentan irregularidades en la ejecución de contratos para la ejecución de obras civiles; "la contratación en Antioquia, Cali y Cartagena es igual de escandalosa", advierten en la nota.

Tras reseñar varios hechos en los cuales el supuesto protagonista era el entonces gerente de Edurbe, Diego Otoya Gerdts, Dinero asegura que este "logró el aplazamiento" de un debate de control político programado por el Concejo, "y consiguió mantenerse unos meses más en el cargo". Según el prestigioso medio de comunicación, "en tan solo nueve meses, Otoya había manejado, vía convenios administrativos y sin atender los requerimientos del Estatuto de la Contratación, negocios por $46.090 millones. Varios de los contratos se concentraban en un círculo estrecho, como ha ocurrido con los 'carruseles' que están siendo denunciados en las administraciones de Bogotá, Cali y el departamento de Antioquia" (<<< leer informe de Dinero).

Luego del informe de Dinero, de varias notas de Revista Metro sobre los casos más destacados y de un debate de control político promovido por la senadora Daira Galvis Méndez, la Contraloría General de la República realizó varias auditorías y constató que, en efecto, varios de los hechos se constituyeron en un gigantesco detrimento patrimonial.

Como resultado de las primeras investigaciones, el órgano de control fiscal determinó un detrimento de $196'249.502 en uno de los cerca de 30 casos que fueron analizados aleatoriamente: la supuesta construcción de una calle en el barrio San Isidro. La responsabilidad por el hecho fue atribuída a la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez, al exgerente de Edurbe, Augusto Mainero, y al entonces interventor Boris Burgos, entre otros (<<< leer 'Contraloría General comienza a desgranar perlas del collar de irregularidades en EDURBE').

De acuerdo con fuentes de este portal, los miembros de la Junta Directiva de Edurbe podrían ser vinculados a los procesos que se siguen por los hechos ocurridos en la empresa de economía mixta, uno de los cuales -sólo uno - es el que involucra a tres funcionarios y tres exfuncionarios. La razón, según se supo, es que los dignatarios no pueden alegar desconocimiento de los hechos sucedidos, y tenía, como el gerente, que denunciar los hechos a los respectivos órganos de control.

En febrero de 2014, el ingeniero William Murra, en carta a los directivos del momento, los previno sobre la irregularidad que -a su juicio - se venía cometiendo: "el señor gerente actual de Edurbe S.A. ha tomado dinero proveniente de otras fuentes como lo es la venta de activos (...) para tapar los huecos encontrados pero que yo tenga conocimiento ni él ni la autoridad distrital de control fiscal se han atrevido a poner  dicha airregularidad en conocimiento de la Fiscalía y por el contrario le están haciendo juego al peculado" (<<< leer carta de Murra a Junta de Edurbe).

La omisión de los servidores públicos

La defensa de los funcionarios que no firmaron los contratos ni participaron en la ejecución de las diferentes obras, como es el caso del actual gerente de Edurbe, es que ellos "no tuvieron nada que ver". No obstante -por lo visto - la Fiscalía le da la razón a William Murra, quien en varios escenarios denunció que "al parecer, el actual gerente de EDURBE, Ramón David Expósito Vélez, había dispuesto la venta de algunos activos, y con los recursos obtenidos se estaban terminando unas obras inconclusas y se pensaba construir las que, definitivamente, no se habían realizado, a pesar de lo cual varios servidores públicos las habían recibido de manera formal", como lo informó en su momento Revista Metro (<<< leer 'La Calle que enreda a Judith Pinedo Flórez comenzó a ser pavimentada por Edurbe).





Desde el año 2011 la Fiscalía adelanta varias investigaciones en la entidad
Por presuntas irregularidades en EDURBE
capturan a funcionarios y exfuncionarios




     CARTAGENA

Los dos últimos gerentes de Edurbe: Augusto Mainero y Ramón David Expósito: los an-
teriores dos alcaldes de la Localidad No. Uno: Amaury Lora y Mauricio Betancourt; y dos
funcionarios de la Secretaría de Infraestructura: Boris Burgos y Alfonso Echevarría, fueron
vinculados por la Fiscalía a un caso que se remonta al 2011: la supuesta ejecución irregu
lar de 32 obras de infraestructura en el marco del contrato interadministrativo No. 001/11.


Los dos últimos gerentes de Edurbe: Augusto Mainero y Ramón David Expósito: los anteriores dos alcaldes de la Localidad No. Uno: Amaury Lora y Mauricio Betancourt; y dos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura: Boris Burgos y Alfonso Echevarría, fueron vinculados por la Fiscalía a un caso que se remonta al 2011: la supuesta ejecución irregular de 32 obras de infraestructura en el marco del contrato interadministrativo No. 001/11.

Ramón David Expósito
gerente de Edurbe


Amaury Lora
exalcalde Local


Mauricio Betancourt
exalcalde local


Boris Burgos
exinterventor






     Este espacio está reservado
     para su publicidad.
     Llámenos al 3186062855 o
     escríbanos a
     juancardila@gmail.com