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    CARTAGENA
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El presidente del Concejo de Cartagena, Vi-
cente Blel Scaff, le solicitó al alcalde Dionisio
Vélez Trujillo retirar el peaje 'India Catalina',
a la altura de Vikingos, ya que, como se ha
demostrado, "su supresión no altera el mo-
delo financiero del contrato de concesión".
En una carta enviada a Vélez, Blel dice que
"este Concejo conoce -verbigracia- la orden
de un fallo judicial del Juzgado Primero Admi
nistrativo del Circuito de Cartagena, el cual
ya ha declarado en desacato, con sus res-
pectivas sanciones pecuniarias a mandata-
rios anteriores, exhortándolo a usted a cum
plir con el fallo de segunda instancia emana-
do del Honorable Tribunal Administrativo de
Bolívar que, en razón de una acción popu-
lar", ordenó eliminar el cobro del peaje del
peaje instalado frente al SENA Naútico.


Asegura que el Distrito ganaría en materia de movilidad, nivel de servicio de la vía y aceptación social
Presidente del Concejo le pide al alcalde de Cartagena
retirar el peaje 'India Catalina', en el sector de 'Vikingos'


El presidente del Concejo Distrital, Vicente Blel Scaff, le solicitó al alcalde Dionisio Vélez Trujillo retirar el peaje 'India Catalina', frente al SENA Naútico, a la altura del sector 'Vikingos', que hace parte de la operación del 'Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena'.

En carta enviada al mandatario local, el dirigente político asegura que "existen razones judiciales, jurídicas, técnicas y fácticas que demandan su intervención como primera autoridad civil y administrativa de este ente territorial, en pro de la defensa de los derechos de intereses colectivos de los cartageneros, con el fin de que se proceda a retirar dicho peaje".

Según Blel Scaff, la corporación edilciia "conoce -verbigracia - la orden de un fallo judicial del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, el cual ya ha declarado en desacato, con sus respectivas sanciones pecuniarias a mandatarios anteriores, exhortándolo a usted a cumplir con el fallo de segunda instancia emanado del Tribunal Administrativo de Bolívar que, en razón de una acción popular, resolvió" ordenar al Distrito y a la Concesión Vial de Cartagena S.A., los operadores del Corredor, "para que, con asesoría del Tránsito Departamental, se realicen las obras de ingeniería y de infraestructura necesarias que consistan en un retorno vehicular en la misma vía del peaje (...) pero antes del mismo, para que los transeúntes solo paguen un solo peaje."

Tras señalar que al Distrito se le concedió un plazo perentorio de 60 días, contados a partir de la ejecutoria de la providencia, para comenzar las obras ordenadas, Blel manifestó que "se trata de una providencia fechada el 14 de septiembre de 2007, lo que indica que a la fecha, al no haberse cumplido el fallo de acción popular, han transcurrido siete años en omisión administrativa, y, por lo que hemos conocido, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena inició un incidente de desacato en contra del Distrito (...) promovido por el actor popular".

El presidente del cabildo le hizo saber al alcalde Vélez que durante el tiempo transcurrido entre la fecha de la providencia y la actual se analizaron dos alternativas que le permitieran a la Administración cumplir la orden judicial: "Uno, la construcción de un retorno vehicular para evitar el doble peaje, alternativa considera técnicamente inviable según informe radicado en el juzgado por parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte. Y dos, la extensión del tiempo de circulación de los vehículos por la vía concesionada a una hora, sin que se tenga la obligación de pagar doble peaje en el retorno del sector Vikingo 'Peaje India Catalina'".

Según Blel, en los archivos del Departamento Administrativo de Valorización y en los EDURBE reposan unos estudios que determinaron que "el costo de la primera alternativa es muy alto, y muy dilatado en el tiempo, por lo cual su concreción no sería la decisión razonable en términos de eficiencia".

"Así las cosas, esta Presidencia considera que la segunda alternativa es la más conveniente para el Distrito, no sólo desde el punto de vista económico sino en cuanto al cumplimiento -de manera automática y de fondo - de la orden judicial, ya que la finalidad de la acción popular es no pagar doble peaje, circunstancia que se vería superada por sustracción de materia, esto es, con el retiro del peaje", indicó el presidente del Concejo en su carta al alcalde.

"Además" -dijo - "somos conocedores del informe financiero que el Distrito realizó por intermedio del supervisor del Proyecto, es decir, EDURBE, que elaboró una proyección financiera del comportamiento del proyecto que hoy se encuentra en operación, con la variable establecida como retiro del peaje 'India Catalina', determinándose que su supresión no altera el modelo financiero ni la estructura o equilibrio económico del Contrato de Concesión".

"En ese orden de ideas, al evidenciarse que no habría un cambio en el modelo de la concesión, ya que, mientras las variables de tráfico y tarifa sigan su comportamiento la permanencia del concesionario no se extendería mucho más en el tiempo, se concluye que la mejor decisión es la mencionada, con la cual ganaría el Distrito en materia de movilidad, nivel de servicio de la vía, cumplimiento de la orden de la justicia y aceptación social", concluyó Blel.