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Febrero 19 de 2016
Los diputados Manuel Berrío Scaff y Víctor Mendoza Saleme le pidieron a la gerente del Hospital Universitario del Caribe -HUC, Elga Ehrhardt Gutiérrez, que renunciara inmediatamente a su cargo, luego de denunciar supuestas irregularidades en unos contratos suscritos en el 1 de enero de este año.

En un debate de control político citado por iniciativa de la bancada de Cambio Radical, los diputados aseguró que en varios de los 62 contratos suscritos por la funcionaria se habrían cometido "presuntas falsedades en documentos públicos y contratación indebida violando los principios de planeación, selección objetiva y transparencia".

No obstante la gravedad de las denuncias, para la gerente del HUC, Elga Ehrhardt, no tiene nada que temer porque todos los procesos contractuales los adelantó en el marco de la Ley. "Las supuestas irregularidades", señaló; lo que ocurre es que "se está desconociendo que las Empresas Sociales del Estado, como es el caso del Hospital, se rigen en materia de contratación por el Derecho Privado".

Según la funcionaria, que se hayan suscrito 62 contratos un mismo día: el viernes 1 de enero de este año, un día feriado, no constituye ninguna irregularidad, ya que la Ley 100 de 1993 le permite "suscribir contratos en cualquier momento y tiempo que garanticen la continuidad de la prestación de servicios indispensables como los médicos asistenciales".

Al término del debate, que se inició a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 3 de la tarde, los diputados Manuel Berrío y Víctor Mendoza pidieron que se enviara a los órganos de control, para lo de sus competencias, copia del acta de la sesión. Este portal pudo establecer, igualmente, que los directores de dos veedurías ciudadanas, presentes en la sesión, ante la gravedad de los hechos denunciados, a parecer con pruebas documentales contundentes, les solicitaron a Berrío y Mendoza copia de los documentos reseñados para instaurar las respectivas quejas y denuncias.

No obstante, por amplia mayoría, la Asamblea aprobó una proposición brindando un amplio y decidido respaldo a la gerente del HUC y su equipo de trabajo. Finalmente, 10 diputados se manifestaron satisfechos con el informe de la funcionaria, mientras que Berrío Scaff y Mendoza Saleme se ratificaron en sus conceptos negativos. El diputado Libardo Simancas Guardo (también de Cambio Radical, como los denunciantes) votó igualmente en contra de la proposición de respaldo, mientras que Jorge Rodríguez Sosa, del Partido de La U, no estuvo presente al momento de la votación.

A pesar de declararse satisfechos con las explicaciones de Ehrhardt Gutiérrez, los diputados aprobaron asimismo la conformación de una comisión, que deberán integrar el gobernador Dumek Turbay Paz, el contralor Orlando Ayola Manjarrés, la directora del Departamento Administrativo de Salud del Distrito de Cartagena, Adriana Meza Yépez, la gerente del HUC y varios diputados, la cual bautizaron como 'Comisión Salvavidas'.

Fue justamente cuando se dio la votación a favor de la gerente del HUC que los dos veedores presentes decidieron solicitar a los órganos de control dirimir quién tiene la razón. "La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deben abrir las respectivas investigaciones, ya que, de ser cierto lo que los diputados denunciaron, estos hechos no deben engavetarse, como por lo visto pretende la mayoría de los diputados", señaló sobre el tema el director de la Corporación El Ojo que Grita, Mario Salvador Andrade.

Las denuncias

Documentos en mano, el diputado Manuel Berrío señaló que los hechos son tozudos y, lamentablemente, puede probar que sí hay graves irregularidades en varios de los 62 contratos suscritos el 1 de enero.

Además, manifestó que "las cifras del balance final de pérdidas y ganancias del HUC a corte 31 de diciembre de 2015 no coinciden con las expuestas en el informe de ejecución presupuestal de gastos e ingresos del mismo periodo", lo cual, para el diputado, "es muy preocupante, ya que son estados financieros del cual dan fe pública el contador y el representante legal". Según Berrío, las cifras difieren unas de otras, en uno de los casos descubiertos, el de ingresos operacionales, en cerca de $2 mil millones".

Asimismo, el diputado de Cambio Radical señaló que, inquieto porque al revisar el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP- había encontrado que este año "sólo se habían publicado dos contratos: el 0008 y el 0013 del 01 de enero del año 2015, un año después del perfeccionamiento", solicitó "cómo se realizó el cierre presupuestal y de tesorería del año 2015 y como se aperturó el presupuesto del 2016", y se encontró con que el cierre presupuestal y de tesorería de 2015 se realizó el pasado 31 de diciembre a las 3 de la tarde, y la apertura del presupuesto del 2016 se llevó a cabo ese mismo día, pero a las nueve de la mañana".

Para Berrío, al menos es muy curioso que se abra el presupuesto de una vigencia antes de que se cierre el del año inmediatamente anterior, pero más curioso aún es que las dos actas, suscritas el mismo día por los mismos funcionarios de las mismas entidades, tengan, sin embargo, membretes diferentes.

Pero si lo anterior es un hecho singular que, si acaso, genera algún tipo de suspicacia, lo que es más grave es que "el Acta de Cierre sea un documento escueto, que no establece, como debió hacer, las cuentas por pagar, ni tiene en cuenta los saldos reales bancarios, para poder hacer un correcto cierre de tesorería".

De acuerdo con el diputado, si los órganos de control revisan con atención los dos documentos podrían toparse con que hay falsedad en documento público ya que "no sabemos cuál de los dos es real y cuál de los dos obedece a lo que realmente se hizo". "Además", agregó, "podría haberse incurrido también en un concierto para delinquir; de igual forma, podría ser que todas las acciones sean ilegales, puesto que no se puede contratar con un presupuesto que no esté legalmente aperturado".

Sobre varios de los contratos analizados, Berrío asegura que encontró casos escandalosos.

Al revisar la contratación de este año, el diputado se encontró con que, como ya se dijo, 62 de los contratos se suscribieron el 1 de enero de 2016, un día festivo, "y todos por un sólo mes, es decir del 1 de enero al 31 de enero". En su intervención durante el debate, Berrío aclaró que "sabemos que son 62 porque, aunque sólo nos enviaron 44, el último contrato tiene el número 62"; y señaló que los 18 contratos que no le enviaron "sólo Dios sabrá por qué", son los números 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 30, 32, 36, 39, 40, 41, 43, 51 y 58.

El dirigente político destacó que de los 44 contratos recibidos "escogí 6 contratos para proceder a revisarlos con mi equipo de trabajo", y, reiteró, lo que encontró es escandaloso.

Entre los contratos que más le llamaron la atención a Berrío y sus asesores se encuentra el número 46, para la prestación de servicios médicos en el área de consulta externa en la especialidad de reumatología. Y aunque la ejecución de este contrato, firmado con Densosabana, tuvo como plazo para su ejecución el 31 de enero, sólo el 11 de febrero, es decir 11 días después, "es que la doctora Elga (Ehrhardt) notifica a la oficina de interventoría". "Además", denunció Berrío, "aunque los estudios previos (con fecha también el 1 de enero), establece que los contratistas deben constituir una póliza única de garantía a favor de la empresa, la cual se mantendrá vigente durante la ejecución y liquidación del contrato, el contratista la presentó sólo el 26 de enero, es decir cinco días antes de finalizar el contrato. ¿Cómo se inició el contrato sin pólizas? ¿Dónde están las actas de inicio?".

Para Berrío, "agrava la situación que el hospital aprobó la póliza el 21 de enero, pero -oh sorpresa - el contratista presentó la póliza el 26 de enero, lo cual denota una falsedad, ya que, ¿cómo aprobaron una póliza que no habían recibido?". Igual de grave, dijo, es que como los estudios previos establecen que el contratista debe aportar igualmente una póliza de responsabilidad civil, para este contrato la aportaron "pero a nombre de la Cooperativa Médica del Valle Coomeva y no del hospital".

Estas situaciones, según denuncia el diputado, se presentaron también, con fechas parecidas, en otros contratos. En varios casos, como en el contrato número 20, suscrito con la firma Eagle American de Seguridad por valor de $94 millones, la designación de la interventoría se hizo muchos días después de haberse ejecutado, lo que significa que un servicio esencial como la vigilancia se prestó sin interventoría.

Otro hecho que llamó la atención de Berrío es que, en uno de los procesos contractuales, los tres oferentes presentaron sendas ofertas con idéntico contenido (exactamente las mismas palabras, incluso los mismos errores ortográficos y de concordancia, así como el uso de mayúsculas y minúsculas), lo que parecería significar que, en la práctica, los proponentes estaban concertados.

Este portal tuvo acceso a estos documentos y pudo constatar que, en efecto, la Cooperativa para el Desarrollo Social y Comunitario 'Coodescoop', la Cooperativa de Técnicos, Tecnólogos y Profesionales 'Cooteteccpro' y la Cooperativa Multiactiva de la Renovación 'Coomultrare' presentaron sendas ofertas con exactamente el mismo contenido e idéntica redacción. Pero hay más: aunque debe suponerse que las tres ofertas fueron preparadas y presentadas por separado, los Certificados de Existencia y Representación Legal que aportaron fueron diligenciadas exactamente a la misma hora: las 8 horas y 28 minutos del día viernes 4 de diciembre de 2015. Unas coincidencias que, para muchos, es matemáticamente imposible.

Para el diputado Manuel Berrío, de sólo seis contratos revisados, de los 62 suscritos el 1 de enero de este año por la gerente del HUC, podrían desprenderse " supuestas faltas disciplinarias y hasta supuestas faltas penales, y podríamos decir que hubo un supuesto detrimento patrimonial, celebración indebida de contratos, celebración sin el lleno de los requisitos legales, falsedad ideológica, falsedad en documento público y hasta un posible concierto para delinquir".


     BOLÍVAR




La funcionaria se defendió de las acusaciones realizadas por varios diputados argumentando que "en materia de contratación nosotros nos regimos por el derecho privado" y por ello "las supuestas irregularidades no existen".
Por la presunta comisión de irregularidades en numerosos contratos
Piden renuncia de la gerente
del Hospital Universitario del Caribe




Para el diputado Manuel Berrío, la ejecución presupuestal real y los informes de la gerente "presentan inconsistencias que, de por sí, son irregulares, pero hay otros casos aún más graves que deben ser investigados por las autoridades".
Los argumentos de Elga

Como se dijo, a pesar de la gravedad de las denuncias, la gerente del HUC, Elga Ehrhardt, se siente muy tranquila, ya que, según dijo, lo que ocurre es que en materia de contratación la entidad a su cargo se rige por el Derecho Privado.

En respuesta a las inquietudes planteadas, la funcionaria arguye que, para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, la Ley le permite suscribir contratos en cualquier momento. 

Según Ehrhardt, debe comprenderse que existen -además - servicios considerados como complementarios, "que completan la prestación del servicio de salud". " No sólo se debe dar continuidad al personal", manifestó, "sino que en una entidad que trabaja 24 horas los 365 días del año en servicios como alimentación para pacientes, aseo, vigilancia y otros, no deben interrumpirse, pues sería lesivo".

La funcionaria, que fue ratificada en su cargo por el gobernador Dumek Turbay por petición de la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario del Caribe, destacó que, tras el debate, "el cuerpo de diputados consideró satisfactorio el informe  de gestión presentado".

Señaló igualmente Elga Ehrhardt que "el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, han ofrecido su respaldo decidido a la entidad hospitalaria, como registran los medios y saben los ciudadanos".

Para la funcionaria, no es la Asamblea la que debe pedir su renuncia, sino la Junta Directiva, ya que ella fue elegida por meritocracia y reelegida por el gobernador por solicitud de la Junta.