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En días pasados, dos ciudadanos que se presentan por todos lados como 'veedores de la salud', durante una agria disputa pública, se acusaron mutuamente de ser extorsionistas. Y un funcionario del sector, al conocer todo lo que se habían dicho, aseguró que ambos tenían la razón.

Similar situación se dio más recientemente en un programa radial: un excandidato a cuanta elección popular se ha dado en la ciudad y el departamento, quien, además, se presenta como el 'presidente de las veedurías de Cartagena', se enfrentó, en vivo y en directo, con un periodista local y, durante el penoso intercambio, se sacaron literalmente los trapitos al sol. Al final, por los detalles revelados, los oyentes debieron concluir que los dos se conocen muy bien. 

En los últimos días, un contratista vinculado a la concesión de uno de los tramos de Transcaribe reveló que, con frecuencia, la empresa es visitada por personas que se hacen llamar 'veedores' exigiendo que sean tenidas en cuenta como tales. Según pudo conocerse, varios de ellos reclaman, además, que les brinden la posibilidad, a amigos y familiares, de trabajar en la obra. Y uno de ellos, en particular, se ufana de ser "amigo personal y muy cercano (SIC) de Chartuni".

Intentando analizar el fenómeno con directivos de 'El Ojo que grita', una organización dedicada a la promoción del control social en la ciudad, supimos que sus directivas, cada vez con más frecuencia, advierten que su colectivo no es una veeduría ciudadana ni sus miembros son unos veedores.

"Las veedurías se han prostituido, al menos en Cartagena", manifestó tajantemente su director, el joven universitario Mario Salvador Andrade, "y muchos de los llamados veedores se dedican es a extorsionar a los funcionarios públicos."

De acuerdo con el dirigente cívico, quien con unos condiscípulos de la Universidad de Cartagena ha estudiado el fenómeno para una tesis de grado, "la situación se ha agravado en los últimos años porque en la Alcaldía ya no les dan la cantidad de prebendas que les daban antes, y ahora la presión es mucho mayor, sobre todo a los contratistas de las obras públicas".

"En todo caso", señaló Andrade, "la culpa también es de los servidores públicos que ceden a las presiones y se dejan extorsionar". Según él, "seguramente algunos son permisivos porque tienen 'rabo de paja', pero son más lo que 'comen del cuento' por física ignorancia: no saben que la mayoría de esos tipos no son legalmente veedores, ni sus organizaciones, de acuerdo con la Ley, son realmente veedurías."  

Las veedurías y los veedores ciudadanos

Se presentan como veedores en las audiencias públicas; en los procesos licitatorios suelen intervenir, con asombroso cinismo, en favor de proponentes amigos y en contra del Estado; a los constructores de obras les dicen que su visto bueno es esencial para todo trámite; a la prensa les aseguran que son los legítimos voceros de la comunidad; y algunos, incluso, difunden cuñas a través de la radio solicitando que quien sepa de una irregularidad la denuncie ante ellos. Sí, así: ante su 'veeduría ciudadana', no ante los órganos de control.

Según Andrade, el director de 'El Ojo que grita', todo ello se permite porque funcionarios, periodistas y ciudadanos del común desconocen lo que la Ley establece sobre veedores y veedurías.
 
"La Ley 850 de 2003, que es la que reglamenta las veedurías ciudadanas, determina que los veedores deben ser elegidos y que las veedurías se conformen cumpliendo unos requisitos", indica el dirigente cívico, "otra cosa que pareciera que no supiera la gente es que las veedurías no son eternas; deben  durar un tiempo determinado y son integradas para vigilar determinado proyecto, obra o programa".

De acuerdo con Andrade, "por ahí hay tipos que dicen tener unas veedurías que vigilan todo lo público y que ellos son veedores de todas las áreas de la Administración, pero lo que la Ley de Veedurías dice es que los ciudadanos que puedan verse afectados por una obra que vaya a ejecutarse con recursos públicos pueden reunirse para ejercerle control social mediante una veeduría, pero ésta debe durar el tiempo que dure dicha obra, y tienen que ser convocados todos los ciudadanos vecinos de la obra, y deben elegir democráticamente un presidente y sus directivas, y después inscribirse ante la Personería. Esas son las veedurías ciudadanas y no cualquier grupo que se reúna para dizque hacer veeduría a todo lo que quieran". 

"Hay una norma anterior", manifiesta el líder cívico, "que es un Acuerdo del Concejo, que es sobre las veedurías al sector educativo, y allí se establece igualmente que los miembros de las veedurías deben ser elegidos luego de una amplia convocatoria."

Se refiere Andrade al Acuerdo 061 de 1998 que, en efecto, en su artículo cuarto determina que "la convocatoria para constituir las veedurías ciudadanas y comunitarias la realizarán las Secretarías de Educación y Participación Ciudadana, lo mismo que la Personería Distrital dentro de los primeros tres meses de cada año", y en su artículo quinto estipula que "los ciudadanos y organizaciones inscritos se reunirán en asamblea general para elegir democráticamente por el sistema de lista un comité integrado por no menos de cinco ni más de diez miembros". 

"Yo no soy veedor": Batista

Tomás Batista Lamadrid es uno de los más reconocidos líderes cívicos de la ciudad: fue elegido en varias oportunidades miembro de la Junta Administradora Local de su comuna, al igual que dignatario de la Junta de Acción Comunal de los barrios donde ha vivido, y es cofundador de la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena y de la corporación Cartagena Visible, entidades de las cuales es Vicepresidente y Subdirector, respectivamente.

Al inquirirlo sobre la crisis que, según varios analistas, padecen actualmente las veedurías, Batista reaccionó con una tajante advertencia: "ya yo no soy veedor. Desde la Red y la corporación (Cartagena Visible) trabajamos porque se haga prevención, y sobre todo desde esta última promovemos el control social, pero ni somos veedores ni esas organizaciones son unas veedurías".

Según el veterano dirigente, "ni mis compañeros ni yo queremos que nos digan veedor, porque lamentablemente a pesar de la época de oro que tuvieron las veedurías en Cartagena, donde fuimos pioneros, ya 'veedor' y 'veeduría' son malas palabras, porque la mayoría de los que hoy se hacen llamar veedores no son más que unos extorsionistas".

"Lo que la gente debe tener claro", señaló Batista, "es que hay una gran diferencia entre hacer control social y hacer veeduría. El control social lo puede hacer todo el mundo, y nadie tiene porqué estar llamado a los noticieros a decir que hace control social, pero no todo el mundo es veedor. La ley es clara en decir que los veedores deben ser elegidos en una asamblea; las veedurías se conforman convocando a los vecinos y entre ellos eligen a los directivos; tienen además que rendir cuentas y hacer audiencias para consultar la opinión de todos, cosa que no hacen los que ahora se hacen llamar veedores".

Sobre las razones por las cuales las veedurías de Cartagena han caído en un franco desprestigio, el reconocido dirigente cívico asegura que antes, cuando el control social comenzó a extenderse en la ciudad, se investigaba a profundidad cada caso y solo cuando se tenían pruebas contundentes se interponían las correspondientes denuncias, "pero hoy, porque alguien le cae mal, no le ha hecho un favor o por simples razones políticas, ciertos individuos señalan de corrupto al que sea, sin pruebas de ninguna clase", lo que cada día le quita más peso al control social". 





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Análisis
Las veedurías en Cartagena, ¿realmente ciudadanas?
Por Carlos Ardila González

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