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       CARTAGENA
Para el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, hubo razones suficientes para que el contrato suscrito con la empresa Aguas de Cartagena -ACUACAR - para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, a pesar de que para su vencimiento faltaban aún seis años, haya sido prorrogado por catorce años más.

De acuerdo con el mandatario, como el contrato se vencía en escasos seis años, ACUACAR tenía muy poca capacidad para el desarrollo de nuevos proyectos, así como para la ampliación de los que ya están en marcha; pero si, por el contrario, se realizaba una prórroga prudencial, la empresa tendría la capacidad de explorar y desarrollar nuevos planes de expansión, lo cual redundaría en beneficio de todos los cartageneros.

Para otros actores políticos y sociales de la ciudad -sin embargo - aunque el tema de la eventual ampliación del vencimiento del contrato sea debatible, no se entiende que el caso haya sido tratado en la más absoluta clandestinidad ni que la trascendental decisión haya sido tomada sólo por los socios de la empresa, a espaldas prácticamente de la ciudad.

En declaraciones a este portal, el concejal David Múnera Cavadía, del Polo Democrático Alternativo, señaló que la decisión tomada por el alcalde "es el peor acto de piratería que se ha cometido contra la ciudad en el siglo XXI".

"No tiene explicación que, faltando seis años para la terminación del contrato, un alcalde al que le faltan escasos 9 meses para terminar su periodo, de manera clandestina proceda a la prórroga del contrato con ACUACAR", manifestó.

Según Múnera, el gran beneficiado con la decisión de Vélez "es Aguas de Barcelona, que seguirá acumulando utilidades en proporciones cada vez mayores a los 8.500 millones del 2014, mientras que los cartageneros de todos los estratos seguiremos padeciendo de tarifas cada vez más costosas y financiando con nuestro dinero la ampliación del acueducto y alcantarillado de esta ciudad".

El concejal anunció que presentará las denuncias respectivas antes los órganos de control, e igualmente la correspondiente demanda de nulidad ante el Contencioso Administrativo, confiando en que "en este horroroso caso se haga pronta justicia".

Por su parte, al exconcejal, exrepresentante a la Cámara y actual candidato a la Alcaldía de Cartagena William García Tirado le parece escandaloso -además - que mediante el otrosí firmado se permita poner en cabeza de unas empresas nacionales un porcentaje del capital societario, lo cual genera suspicacia, como advirtió en una carta a Vélez Trujillo, "al pensar quién o quiénes podrán ser los nuevos socios de estas nuevas empresas que eventualmente manejarían las acciones del operador con la autorización estatutaria de poder incluir nuevos socios, la ampliación del objeto social incluyendo el manejo de los drenajes pluviales, vía tarifa con recursos estatales y préstamos de la empresa, teniendo en cuenta el fallido y cuestionado manejo de Aguas de Cartagena con el emisario submarino". 

En su misiva, García, quien como concejal adelantó varios documentados debates de control político sobre presuntas irregularidades en ACUACAR, se refirió a varios aspectos que muestran una gestión que dista mucho de ser tan exitosa como la han pretendido mostrar, al señalar, entre  otros casos, que "el agua no contabilizada está y siempre ha estado por encima del 36 %, no cumpliendo con lo contractual contratado"; que hay "más de 30 barrios sin el servicio de agua potable a través de tuberías domiciliarias sino a través de carrotanques, igual o peor que en la época de las antiguas Empresas Públicas"; que la empresa "tiene toda su operación subcontratada con operadores de áreas de servicios"; que "los cartageneros nos quedamos esperando la famosa transferencia de tecnología que nunca llegó"; y que "hoy Cartagena no tiene la posibilidad de dar disponibilidad de servicios para nuevos proyectos de viviendas por falta de planeación e inversión en la nueva planta de tratamiento".

Según el dirigente político, el cambio de los medidores, que corre por cuenta de los usuarios, es "un negocio del operador, ya que ellos mismos lo importan y lo venden con otra empresa de fachada, sin que esta compra sea en subasta", razón por la que los ciudadanos deben pagar costos por encima de lo justo.

Las reformas

Aunque la ampliación del vencimiento del contrato con ACUACAR -la duración era de 26 años y pasó a ser de 40 años por decisión del alcalde Vélez y los restantes socios de la empresa - se aprobó en una asamblea el lunes 20 de octubre de 2014, y que el acta correspondiente se protocolizó el lunes 10 de noviembre -en plenas fiestas novembrinas - ante la Notaría Segunda, la ciudadanía cartagenera solo vino a conocerla la semana pasada, luego de que la carta enviada por William García trascendiera a algunos medios.

RevistaMetro conoció el contenido del acta de la reunión a la cual se refiere García en su carta al alcalde y constató que, en efecto, los socios de ACUACAR realizaron las reformas estatutarias que inquietan al candidato a la Alcaldía, al concejal Múnera y, por lo que ha podido saberse, cada día a más cartageneros.

En dicha escritura se da fe de que en la reunión, que se llevó a cabo en el salón Bahía del Hotel Holiday Inn, asistieron "los señores Fernando Domingo Tallarico, apoderado y por ende representante legal de la Sociedad General Aguas de Barcelona, así como los señores John Jairo Montoya Cañas, Henry Laíño López y José Villegas Vélez, en sus calidades de miembros de la Junta Directiva de ACUACAR".

Asimismo, se señala que "la Asamblea de Accionistas, en sesión extraordinaria, fue presidida por el señor alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo", y "la señora Claudeth Güete Segura, secretaria Ad-hoc, por renuncia de la Secretaria General de la Junta Directiva".

Se certifica, además, la asistencia de los siguientes "accionistas de la sociedad y presentes por sí o a través de apoderado": Adolfo Arrieta Osorio, Aguas de Barcelona, Agustín Erazo Pupo, Alberto Barroso Osorio, Ana Estella Fandiño Sierra, Benjamín Álvarez Martínez, Cámara de Comercio de Cartagena, Distrito de Cartagena, Édinson Rafael Matera Rodríguez, Fredy Nicolás Angulo Hernández, Fredy Sierra Velásquez, García Cohen y Cía. S.C.A., Germán Locarno Figueroa, Gregorio Otero Revollo, Javier Mendoza Bettín, Jorge Mendoza Diago, Magdalena Echeverry Rosso, Manuel Conde Caballero, Manuel Malambo Avilez, Ninoska Porto de Tinoco, Noel Mena Córdoba, Olimpo Rangel Benítez, Piedad Sanjur Martínez, Promociones J. Villegas y Cía., Rafael Martínez Villamizar, Ridel y Cía. S. en C., Rubén Martínez Aguirre, Víctor de la Ossa Aguas y Santiago Rizo Delgado. 

Según el acta protolizada, las principales reformas fueron la duración del contrato, que pasó de ser de 26 a 40 años "prorrogables mediante reformas a estos estatutos"; la ampliación del objeto social, lo cual le permitirá prestar, además del servicio de agua y alcantarillado contratado inicialmente, el servicio público domiciliario de aseo así como los asociados al saneamiento básico; y la recuperación del capital privado, privilegiando a los poseedores de las acciones clase B y C; esta última reforma le permitirá al operador, Aguas de  Barcelona, colocar en cabeza de empresas suyas radicadas en Colombia la totalidad o una parte de sus acciones en ACUACAR.

Curiosamente, protocolizaron la respectiva acta el representante legal suplente de ACUACAR, Álvaro Vélez Bustillo, y la notaria segunda encargada Faissury Amarís Peñaranda.
Decisión de Vélez es calificada de clandestina, arbitraria "y de espaldas a la comunidad"
Por prorrogar contrato con ACUACAR a 6 años de su vencimiento,
solicitan a los órganos de control investigar al alcalde de Cartagena

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Cortesía


David Múnera

William García

Faltando 6 años para vencerse el contra
to suscrito con ACUACAR para la presta-
ción del servicio de acueducto y alcanta-
rillado, el Distrito lo prorrogó por 14 años
más. Inmediatamente se oyeron voces
calificando la decisión como un acto que
choca contra los intereses de Cartagena.


El gerente de ACUACAR señaló que la prórroga garantizará el suministro de agua potable a la ciudad.